¨Do ut des¨ viejo adagio latino que, traducido al castellano viejo, significa ¨doy para que me des¨. Aunque si se prefiere, y para introducir la cuestión que nos ocupará en este artículo, también podríamos echar mano de una cita bíblica de San Mateo€¨pedid y se os dará¨. El Levante lleva muchísimos años pidiendo seguridad en lo que al acceso al agua se refiere, esperando que el inmenso agujero negro de déficit hídrico que supone el regadío levantino en la geografía del país sea rellenado con soluciones que aporten agua. Agua de calidad y a un precio razonablemente competitivo. Salvo una magnífica gestión de un recurso no convencional como es la depuración y una acción potencialmente complementaria pero futura -el tiempo dirá si a corto, medio o largo plazo- como la desalación, poco más se ha hecho para acallar la voz sempiterna de auxilio que clama desde el otrora -al menos hasta la llegada de las aguas del Trasvase- desierto levantino. Ahora bien nosotros dar€lo que se dice dar, hemos dado -vía tarifa- todo lo que se nos ha exigido. No satisfecho el Estado con la frenética escalada de precios para todos los usos del agua en el Levante, tuvo la brillante idea recaudatoria, hace aproximadamente dieciocho meses, de implantar una nueva forma de cálculo de la tarifa del agua trasvasada que quiebra con todos los principios de gestión económica de las Comunidades de Regantes y que lastrará sibilinamente, calando como la lluvia fina, los bolsillos de todos los vecinos de estas regiones en años venideros. Me refiero a lo que denominé, en su momento, como ¨el tasazo¨. Hasta su implementación por el Gobierno censurado en junio de 2018, todo usuario levantino -empresario, regante o vecino- había satisfecho, puntualmente por cierto, a las arcas del estado, una tarifa en la que los tres apartados unitarios que la componen se sumaban para después multiplicar su resultado por el volumen de agua realmente consumido. Todo con arreglo al espíritu de la Ley que regula los vericuetos económicos del Trasvase (Ley 52/1980). Dicha Ley deja claro en su artículo tercero que la tarifa sobre los recursos derivados al Levante desde el Alto Tajo está sujeta a la ¨disponibilidad de agua¨. Parece lógico que el legislador pensara que habría años en que no se pudiese trasvasar la totalidad de los seiscientos hectómetros cúbicos, y qué, lógicamente, la amortización de la obra así como los gastos de mantenimiento de la misma deberían de ir de la mano del volumen de agua realmente trasvasado. Y, si se diera el caso -como ocurrió el año hidrológico anterior- de imposibilidad legal de trasvasar, el coste fuera cero. El Gobierno, por aquello de ¨no quieres caldo, pues toma dos tazas¨, ideó (en un arrebato de oportunidad) en esos meses críticos para la economía de las Comunidades de Regantes y de los agricultores esta novedosa fórmula -también aplicada a hogares y negocios, aunque por mor de la sequía y tirando de habilidad estratégica, de momento estos últimos han estado exencionadosl de su pago-. Una fórmula basada en suponer que se trasvasan ficticiamente seiscientos hectómetros cúbicos y, sobre ese ideal volumen, facturar los apartados a), amortización, y b) coste fijo. Y esta invención sirve para los casos de trasvasar mucho, algo o nada de agua. La administración se colocó el disfraz de cobrador del Frac. Ese afán súbito por recuperar los costes de una obra que, al parecer se hizo con un préstamo alemán, responde a la intención de seguir cobrando y distribuyendo pingues beneficios entre las comunidades autónomas, especialmente de Castilla la Mancha que recibe las cuatro novenas partes (vamos, casi la mitad) de todo lo que, en concepto de amortización, pagamos los levantinos.
Quiebra por tanto la teoría originaria del Trasvase Tajo-Segura, basada en que, paralela a la compensación económica a la que hacen frente los ciudadanos del Levante, existe una contraprestación por parte de la administración, en forma de agua trasvasada. El Gobierno actual se empecina en ¨sostenerla y no enmendarla¨, dando continuidad a una decisión dramáticamente injusta para las economías domésticas, agrícolas y empresariales levantinas. No es de recibo que el Estado fraccione la tarifa y que establezca un fijo permanente se trasvase agua o no. Máxime cuando el Estado ha aplicado sucesivas reformas legislativas que han ido castrando paulatinamente las opciones de envío de agua del Alto Tajo al Levante. Incluso con disponibilidad generosa de agua en cabecera, la Ley deja a la decisión arbitraria del Ministro enviar o no agua. Como muestra el botón del trasvase cero de noviembre del año anterior, en donde, con 166 hm3 trasvasables, no se envió ni una triste gota para regadío- . Con tanto recorte legislativo a los flujos potencialmente trasvasables, amén del déficit natural del cincuenta por ciento en el caso del agua para regadío- amén del amplio espectro de decisión discrecional conferida al Ministerio en las Reglas de Explotación-, no es justo imponer una tarifa fija como si nada de lo explicado hubiera ocurrido.
Hogares, empresas y regadíos del Levante, ¨toditos¨unidos de la mano, perdón del bolsillo, haremos frente anualmente y ad eternum, si la Justicia no lo remedia, a 18.762.144 euros/año (12.876.285 euros a pagar por los regadíos y 5.885.859 a satisfacer por los hogares y negocios), aún en el caso de no recibir ni una gota de agua. Y el Estado y las Comunidades Autónomas de la Cuenca cedente a seguir cobrando, que es gerundio.
Permítanme plagiar al gran Groucho Max: ¨levantinos, surgiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cimas€de la miseria¨. Amén.
