Insinuaba el otro día el consejero de Seguridad de EE UU y conocido halcón, John Bolton, la posibilidad de enviar a Guantánamo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La amenaza de ese político de espeso bigote y cara de eterno cabreo es de una prepotencia y un cinismo que deberían revolver las tripas a cualquier demócrata, aunque esté en total desacuerdo con el actual gobierno venezolano. Esa base naval de EE UU en suelo cubano ha sido y sigue siendo escenario de algunos de los peores crímenes contra la humanidad cometidos con el pretexto de la lucha antiterrorista.
El Gobierno del país que la propaganda oficial se empeña en llamar «líder del mundo libre» parece seguir considerando no ya sólo Centroamérica, sino todo el sur del continente como su patio trasero: América para los americanos.
En mi etapa de delegado de EFE en Ginebra tuve ocasión por cierto de conocer personalmente a Bolton, que solía ir allí cuando se votaba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la resolución presentada cada año contra Cuba. Era divertido ver cómo los diplomáticos estadounidenses se movían en el Palacio de las Naciones tratando de convencer a los de otros países del llamado Tercer Mundo, prometiéndoles no se sabe qué, para que votasen contra el gobierno de Fidel Castro.
Bolton y otro diplomático de aquel país, Elliott Abrams, conocido por su complicidad con los militares más ultras en las guerras civiles que ensangrentaron Centroamérica en las décadas de los setenta y ochenta, dirigen ahora la política norteamericana en Venezuela. Y por si faltara poco, un diario nacional publicaba el pasado fin de semana una entrevista con el vicepresidente del Brasil, el general retirado Hamilton Mourâo, en la que éste atacaba a Maduro a la vez que defendía a la pasada dictadura brasileña. Declaraciones en las que, aparte de relativizar la tortura -«hay mucha gente que dice que fue torturada y no lo fue. Y otros que lo fueron y no hablan nada»-, a la pregunta de si reconocía algún error cometido en aquellos años de gobiernos militares, aquél se limitaba a señalar la existencia de «una estatalización excesiva».
«Dejamos de tener un sistema económico más liberal y la intervención del Estado en la economía mostró luego que no era la mejor forma de conducir el país», explicaba el exmilitar. ¿Qué valen los derechos humanos cuando lo único que importa es una economía que funcione para los de arriba?
