Qué tiempos aquellos en los que se fletaban autobuses para acudir en masa a la Plaza de Oriente para reivindicar el «Gibraltar español» o «Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos». Autobuses pagados por Falange, con bocadillo de mortadela y cantos patrióticos. El «Montañas Nevadas», «Yo tenía un camarada» y un elenco importante de himnos que tantos demócratas de siempre entonaron, proclamando su vinculación a la libertad desde la cuna una vez llegada la Transición.
El otro día, en Andalucía, el PSOE, este PSOE que no se sabe si se ha hecho revolucionario o, simplemente, vive sin vivir en él, volvió a la vieja costumbre de pagar, con el dinero público, porque pública es la financiación de los partidos, autobuses y bocadillos -no de mortadela seguro-, a afiliados y simpatizantes para que acudieran a San Telmo a dar la bienvenida a los nuevos gobernantes. Un espectáculo que promete tener continuidad y que dio al acontecimiento un aire festivo y poco gratificante en democracia en la que, siempre creímos, la política se hacía en el Parlamento, no en la calle. Algunos, no muchos autobuses y pocos trabajadores en el alborozo matutino y en el eslogan antifascista de tan fácil articulación. Qué hermoso el acto, con sus manifestantes de puño alzado -antes era el brazo-, sus cantos, consignas y alegres tonadas. Hay cosas que se transmiten de generación en generación y eso del manifestante subvencionado es típicamente hispano. Entrañable.
Todos los invitados a tan pobre festejo imploraban la expulsión de la vida de un partido, Vox, que, aunque no hayan caído en tan pequeño detalle, es legal conforme a la normativa vigente, a la Constitución. Cabe recordar que lo legal es legítimo en democracia, guste o no, sin que nadie pueda, por la vía de hecho, ilegalizar y estigmatizar a nadie por razones ideológicas. No se puede exigir la exclusión de la vida pública de un partido que está amparado por la legalidad vigente atendiendo a razones que la ley no contempla. Lo legal es legal y debe serlo. Y no hay nada ilegal fuera de lo que la ley determina. Nadie es más que la ley. Simple y sencillo. No aceptar la legitimidad del adversario, cualquiera que sea ese adversario, es un síntoma preocupante de la degradación de la democracia. Todo es incerteza cuando los límites no los pone la ley, sino la opinión pública y la censura ética, siempre relativa y manipulable.
Reivindicar expulsiones basándose en la protección de derechos frente a una formación legal, olvida que los militantes de Vox y sus votantes también gozan de derechos que, por la vía de hecho, no les pueden ser hurtados. Y entre ellos el fundamental a participar en igualdad en los asuntos públicos reconocido por el artículo 23 de la CE.
Afortunadamente, en España no rigen las leyes de la II República, tan ensalzada, como ignorada, que permitían censuras e ilegalizaciones administrativas con total impunidad (Ley de defensa de la República de 1931) ni las leyes franquistas en general. La Constitución de 1978 proclama la libertad y la pluralidad y permite los «reflujos» (gobiernos de la derecha) que Largo Caballero quería evitar reivindicando un Estado solo con «flujos» (la izquierda). Todo lo legal es lícito y legítimo, de un signo u otro y actuar contra esta realidad constitucional significa romper con las reglas democráticas.
Si excluimos por la vía de hecho a los calificados de fascistas, comunistas, separatistas y demás «istas», todo en atención a las purezas republicanas o nacionales que tan del gusto son para la estupidez simplificadora de la historia en diez frases hechas, nos quedamos solos y aburridos. Lo peor de las dictaduras no es la falta de libertad, que lo es, sino el aburrimiento, el tedio de los monólogos, del partido único, de la ideología hecha dogma. Insoportable para quien gusta de la pluralidad, del debate, de adversarios, no de enemigos, de ciudadanos, no de intrusos tratados como tales en lo que no es exclusivo y excluyente. Propagar discursos rancios de cordones sanitarios, es decir, en román paladino, calificar de enfermos sociales a quienes no piensan igual y gustan de imponer sus límites ideológicos, es revelador de ciertas conciencias tendentes a la simplicidad. El aislamiento sin prescripción médica, en este caso la ley, no es más que una muestra renacida de normas caducas de peligrosidad social. El fiscal de delitos de odio se ha referido así a Vox. No comete delitos de odio ha dicho, pero podrían algunos aprovecharse de su discurso para cometerlos. Son peligrosos y se aconseja su exclusión o se advierte de su enfermedad social. No me extrañaría que en poco tiempo se propusiera el renacimiento de la vieja ley, remozada, pero basada en los mismos principios. Preocupante de verdad.
Tiempos vienen de autobuses y bocadillos. Del renacer de viejas costumbres tan arraigadas en nuestra forma de ser. Tiempos pasados redivivos que confirman que exhumar no es bueno porque con ello no se entierran a la vez las conciencias y modos seculares y que tal vez lo necesario sería inhumar viejas tradiciones que creíamos superadas, las de la España dividida entre «los hunos y los hotros» ( Unamuno).
