Los referéndums los carga el diablo, dicen. En realidad, no los carga el diablo, los cargan los hombres y los disparan los que los convocan y, generalmente, los pagan las comunidades consultadas. En democracia la experiencia política dice que jamás debe convocarse un referéndum sin un acuerdo previo de las mayorías de las fuerzas políticas. Primero es el acuerdo, después la consulta. Siempre. El acuerdo es el que permite definir, perfilar, concretar y consensuar lo que se somete a votación. Evitar generalidades. Ni el Brexit ni la república catalana estaban definidos. Cualquier referéndum sin consenso previo, por su carácter binario -sí o no- divide la sociedad en dos grupos enfrentados y la polariza. El problema llega después cuando todos quieren sostenerla, porque nadie se atreve a enmendarla.
El icónico y archicitado referéndum de Quebec incluía reconocer el «derecho a decidir» a cualquier territorio del propio Quebec, en caso de haberse aprobado la independencia. Eso en Cataluña habría significado aceptar que el mismo «derecho a decidir» tendría la bufonada de Albert Boadella: Tabarnia. La separación de Tarragona y Barcelona del resto de Cataluña. Tan ilegal como el referéndum del 1-O pero elevado al absurdo. El referéndum tan citado de Escocia parte de que Escocia es una nación federada y, de haber triunfado la separación, habría tenido los mismos o peores problemas de definición que tiene hoy Gran Bretaña, más la salida abrupta de la Unión Europea sin ningún tipo de negociación. El referéndum del Brexit-Remain es una «broma» hasta en el cinismo de su mayor defensor Nigel Farage, que iba a ahorrar millones de libras anuales que pagaban a la Unión ahora iban a dedicarlo a gastos sociales y, como luego reconoció, era una mentira. Lo que no era mentira eran los millones que recibía de Rusia. ( Franco, el dictador, ganaba todos los referéndums incluso conseguía en algunos colegios más votos que personas censadas. Los regímenes autoritarios a menudo los utilizan como herramienta para legitimarse. Pero estas son otras historias).
Ahora las alternativas son rebobinar y donde dije digo, dije Diego. En Gran Bretaña haría falta también consenso. Una amplia mayoría de conservadores y laboristas, los dos partidos mayoritarios al menos para revocar la puesta en marcha del artículo 50 de salida de la Unión Europea; convocar un nuevo referéndum; aceptar lo acordado con la Unión Europea o salir de la Unión sin acuerdo. Esas son las alternativas. En cualquier caso seguirían necesitando el consenso de una mayoría de los parlamentarios de los partidos mayoritarios. Llegados hasta aquí, y ese es el principal escollo, las distintas posiciones se radicalizan y los que intenten revisar el resultado del referéndum son presentados como «traidores» a la voluntad popular. Algo parecido sucede en Cataluña tras la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) aunque «simbólica» como la calificó la presidenta del Parlament, Forcadell o «suspendida» por Puigdemont; cuestionar la mayoría del referéndum kafkiano del 1-O se identifica por un sector con ignorar la voluntad de los catalanes. La existencia de diferentes «bloques identitarios» -unionistas e independentistas- no es nueva en Cataluña. Sin embargo, en el último año adquirió una forma diferente de manifestarse, se ha generado una división que evita que las personas se relacionen normalmente, cenas que ya no se hacen, amigos que no se reúnen, familias que evitan hablar del tema.
Es un auténtico disparate convocar un referéndum sin un acuerdo interior y anterior. En Gran Bretaña cualquiera que sea la opción de las citadas que se tome o pueda tomarse exigirá un consenso británico, claramente mayoritario o no será eficaz. Sin ese requisito volverá a pasar como a la Premier británica May que después de negociar y pactar quede plenamente desautorizada por los representantes de la soberanía británica. Será como hasta ahora trabajo y tiempo perdido y parálisis o lentitud en la gestión de gobierno.
Ese debe ser también el paso previo en Cataluña: consensuar las principales fuerzas políticas catalanas una alternativa, dentro de la legalidad, una alternativa al Estatut y a la autonomía. Hacia un Estado federal.
