Con el inicio de 2019 se ha puesto, de nuevo, de actualidad el tema de los pensionistas y el de la problemática que genera la situación de la Seguridad Social a la hora de disponer de suficientes recursos para el pago de sus nóminas.
Comencemos diciendo que, en todo caso, los pensionistas actuales y futuros tienen poca culpa en la situación financiera del Estado ya que, en su inmensa mayoría, se han limitado a trabajar, siempre que han podido, y a cotizar aquellas aportaciones que, en concepto de IRPF o Seguridad Social, hayan tenido que descontárseles de sus nóminas laborales cuando estaban en activo.
No son, por tanto, culpables de que la Administración esté, en estos momentos, en una situación difícil en cuanto a disponibilidad de recursos suficientes. Probablemente, si los gobernantes que, desde hace años, han gestionado el Estado hubieran tenido más visión de futuro o hubieran sabido redistribuir mejor la riqueza nacional, o no se hubiera despilfarrado y robado tanto en este país, las cuentas públicas serían otras.
Todos los días se nos está recordando el costo del pago de las pensiones y que los nuevos pensionistas las están teniendo más altas. Si son más altas es porque cotizan más que antes y el sistema, hasta hace poco, ha funcionado únicamente con los recursos que los propios pensionistas han generado. Evidentemente la crisis ha hecho saltar las costuras del modelo. El aumento del paro y los miserables salarios que, junto con la temporalidad, se están adueñando del mercado de trabajo son los que hacen insostenible la situación. También hay que decir que los gastos de administración de la Seguridad Social, que ascienden a algo más de 4.000 millones de euros anuales, se pagan de los fondos destinados a pensiones, no los paga el Presupuesto del Estado como en el resto de órganos de la Administración. Asimismo de los fondos generados para pensiones se pagan prestaciones no contributivas, tales como las de viudedad y orfandad y que, ahora, la propia Autoridad Fiscal (Airef) reconoce que deben ser asumidas por el Estado directamente para liberar a la Seguridad Social de gastos que no le son propios, entre otros. Por suerte, el Presupuesto de 2019 y algunas medidas tomadas por el actual Gobierno van en buena dirección: el aumento del SMI ayudará a mejorar los ingresos y la cotización en muchos casos; el aumento de las bases de cotización y el destope parcial de las cotizaciones altas; un nuevo modelo que estimule la creación de empleo y, por otra parte, la lucha contra la economía sumergida también persiguen esos objetivos.
Decir que este 2019 permitirá que, desde enero, las pensiones se incrementen en un 1,6% y las mínimas y las no contributivas en un 3% y, además, está previsto que se abone un 1% en concepto de desfase del IPC de 2018 con la subida que hubo del 1,6%. Son noticias positivas que nacen de aquel pacto que el PNV forzó al PP aceptar a cambio de sus votos. Recuérdese que Rajoy tuvo a los pensionistas cinco años con subidas del 0,25 porque España se hundía, hasta que le hicieron falta los votos y resulta que ya podía flotar.
En todo caso, lo que los pensionistas, actuales y futuros, necesitan es que se clarifique y garantice el modelo. No se puede estar pendiente de los intereses electoralistas de unos y de otros. La revalorización de las pensiones con el IPC real debe blindarse en la Constitución, así como eliminar el factor de sostenibilidad y no seguir prolongando la edad de jubilación, que ya está bien. E ir aumentando las pensiones mínimas con el horizonte de los 1.080 euros que se vienen pidiendo.
Existen 9.696.272 pensiones en toda España a finales de 2018. De ellas 317.023 en la provincia de Alicante. Lamentablemente no se dispone de datos del municipio de Elx, aunque puede estimarse en más de 50.000 personas las que podrían encontrarse en ese supuesto por razones de edad. Es una cantidad importante. En cuanto a la cuantía hay 2.377.173 de esas pensiones que cobran una mínima media de 619,06 euros. En la provincia de Alicante, en el Régimen General, el más numeroso, las de Jubilación, en hombres, son de 1.171,03 euros y, en mujeres de 816,98, lo que evidencia una gran discriminación. También hay que decir que, en nuestra provincia, hay 94.929 pensiones mínimas, con una media de 613,83 euros y, de éstas, son mujeres 58.181 y cobran 597,26 euros, con lo que se evidencia otra discriminación: son mayoría para cobrar lo mínimo.
Los pensionistas es un colectivo bastante necesitado y al que no se le está regalando nada. Garantícense sus derechos, que es lo justo y busquen los responsables soluciones, que existen, mediante los acuerdos entre todas las partes sociales.
