Durante sus últimas dos reuniones en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido con el jefe del Consell, Ximo Puig, a cumplir con la Comunidad Valenciana en el reparto de la inversión del Estado. ¿Cómo? Equiparando el dinero destinado al conjunto de la autonomía al peso de la población. Ratificar ese compromiso -a Pedro Sánchez no le quedaba otra ahora que Puig se ha convertido en uno de sus apoyos- le concedía a la Comunidad entre un 10 y un 11% de la inversión territorializada con un crecimiento de cuatro puntos, en la misma línea marcada por la reciente reforma del Estatuto. Ese «gesto» en forma de promesa suponía, desde luego, restañar en parte la histórica discriminación que sufre la Comunidad tanto en el reparto de las inversiones del Estado como en la distribución de la financiación autonómica. El pasado sábado, en estas mismas páginas, ya se aludía a la necesidad de que ese imprescindible trato justo que reclama la Generalitat tuviera también su traducción en la provincia de Alicante, la más maltratada de nuestra autonomía durante los gobiernos de Mariano Rajoy con más de mil millones de déficit inversor. Y además también se alertaba del riesgo que suponía que este primer presupuesto de Pedro Sánchez, clave para alargar la legislatura en estas semanas previas a las municipales y autonómicas, cumpliera con el conjunto de la Comunidad pero que luego, sin embargo, el dinero no se repartiera con ese mismo criterio ligado a la población entre las tres provincias. Ese es el truco que ha vuelto a dejar a Alicante lejos del porcentaje que le corresponde. Poco por aquí, mucho por allá. Analizando los datos a primera vista, la Comunidad sale bien parada con una inversión situada en esa órbita del 10% que pidió Puig y con un importante aumento de 450 millones. Pero bajando al detalle, una vez más, Alicante se queda a la cola. Es verdad que el presupuesto para la provincia crece en 63 millones, un incremento de un 30% en una previsión, todo hay que decirlo, que partía de los peores niveles de la historia. Pero también es cierto que el grueso de partidas -ocho de cada diez euros- se concentra en Valencia y en Castellón, muy primadas en el reparto con inversiones por habitante por encima de la media. Que el dinero que llegará a Alicante, en el caso de que se aprueben los presupuestos, se vuelve a quedar muy lejos de la media per cápita y también muy por debajo -unos 200 millones menos- de lo que nos corresponde por población. Y que encima no se recupera ni un céntimo de lo que se fue perdiendo en los últimos siete años. Lo que se exige con toda la razón a Madrid para el conjunto de la Comunidad luego resulta que, una vez más, no se distribuye con un criterio similar entre las tres circunscripciones. No es lo de siempre, pero casi. El final de estos presupuestos, sin embargo y a diferencia de los anteriores, no está escrito: no cuentan a día de hoy con mayoría suficiente para su aprobación. En las cuentas de 2018 se retrató el PP marginando nuevamente a la provincia con las inversiones, como venía haciendo de forma sistemática desde que llegó Rajoy a la Moncloa. Y también se retrató Ciudadanos, entonces el socio de Rajoy: fueron incapaces de mejorar con enmiendas el porcentaje de dinero para Alicante. En estos presupuestos para 2019, los socialistas limitan su gesto con la provincia a un punto que está muy por debajo de lo esperado con una doble vara de medir en ese reparto. También les retrata. Peligro para Ximo Puig teniendo en cuenta que Alicante es la provincia clave para las autonómicas y que ahora el resultado de esas elecciones se ha vuelto a apretar. Y los diputados de Compromís en el Congreso, con cuatro votos decisivos para la aprobación de estas cuentas, también quedarán retratados, y mucho, si no usan esa posición clave para intentar equiparar el esfuerzo inversor en Alicante al del total autonómico. Tener todos un trato justo también es hacer Comunidad.
