Hay luz al final del túnel. A la vista de las propuestas que esta semana emitía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el sistema de pensiones español sigue siendo viable. Ahora bien, precisa de importantes y urgentes reformas de mayor calado político que complejidad técnica. La opinión de la AIReF podrá no estar exenta de polémica, pero ofrece soluciones para evitar que el futuro sea tan negro como se prevé si seguimos mareando la perdiz. El riesgo, como de costumbre, se sitúa en el cortoplacismo propio de la política española, poco dada a adoptar medidas que no conlleven un rédito electoral inmediato.
El coste de las pensiones es tan elevado como justo y necesario. Hace apenas diez años, representaba el 7,4% del PIB nacional; en la actualidad, ya alcanza el 10,6%. Y la tendencia, obviamente, sigue al alza. Anda en juego no solo el futuro de todos y cada uno de nosotros, sino el esfuerzo de muchos años de trabajo. Sin embargo, parecemos resignarnos a que no existe remedio alguno para un sistema de pensiones que, si bien podrá dirigirse hacia la quiebra, en absoluto ha llegado aún a ese punto.
Es bien conocido que las cuentas no cuadran como resultado de la caída de cotizaciones durante la crisis económica. Mientras los ingresos descendían vertiginosamente, el número de pensionistas y el coste de las prestaciones mantenían su crecimiento. Como resultado, el actual déficit estructural de la Seguridad Social se sitúa en 17.400 millones de euros, una cantidad que triplica los escasos recursos que restan al escuálido Fondo de Reserva.
Para dar solución al problema, la AIReF propone dos tipos de actuaciones que son complementarias entre sí. De una parte, las más urgentes y dirigidas a eliminar el déficit estructural. Se trata de iniciativas que, con seguridad, aportarían un cambio radical en la visión negativista que se extiende en la sociedad española. Una vez eliminado el déficit, es evidente que veríamos el futuro con mayor optimismo. Pero, junto a las medidas a corto plazo, es preciso adoptar otras que aseguren la sostenibilidad futura del sistema. Y es aquí donde se requiera mayor amplitud de miras.
Si grave es la tendencia de los distintos gobiernos a meter mano en la «hucha de las pensiones», también lo es que la Seguridad Social afronte gastos que no le son propios. Según apuntan desde la AIReF, si algunos costes fueran asumidos directamente por la Administración Central -y no sufragados mediante las cotizaciones- podría resolverse la totalidad del déficit. Por ejemplo, es difícil comprender que, mientras la Seguridad Social incrementa su agujero, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) obtiene un superávit anual de 1.500 millones de euros gracias a las aportaciones que recibe de las cotizaciones de empresas y trabajadores.
La Autoridad Independiente propone que la tarta de lo que pagamos a la Seguridad Social se reparta de otro modo entre lo que se destina a pensiones y a las prestaciones de desempleo. La medida no incrementaría las cotizaciones, sino que ese 36% que se aporta por cada puesto de trabajo se distribuiría de un modo más acorde con las necesidades actuales. Las pensiones presentan un horizonte alcista y se financian exclusivamente con cotizaciones a la Seguridad Social. Por el contrario, el paro desciende y las políticas de empleo disponen de otras fuentes de financiación como las procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, parece lógico modificar la parte del pastel que se destina a las contingencias comunes y al desempleo, beneficiando en mayor medida a las primeras.
Euro arriba, euro abajo, no es tan difícil solucionar el déficit estructural. Cierto es que afectaría, en alguna medida, a los presupuestos destinados a otras políticas, pero habrá que empezar a priorizar de una vez por todas. Sin embargo, las medidas dirigidas a la sostenibilidad futura del sistema ya son palabras mayores. Pensar en el medio y largo plazo exige renunciar a los beneficios inmediatos y, ni el ciudadano medio ni los políticos al uso, parecen guiarse por estos parámetros. Ahora bien, los datos son contundentes. Cada vez vivimos más años y recibimos pensiones más elevadas, pero los ingresos al sistema no se incrementan en igual magnitud. Si en 1986 apenas se disfrutaba de diez años de vida desde el momento de la jubilación, actualmente hay que vivir de la pensión durante casi 20 años. Imposible cuadrar las cuentas con los mismos ingresos.
Entre los países desarrollados, España destaca por registrar una baja edad efectiva de jubilación. El español medio concluye su vida laboral a los 62,7 años, casi tres antes de lo que hay establecido. Dos terceras partes de quienes lo hicieron en 2018 no habían cumplido la edad legal de jubilación. En consecuencia, que la AIReF proponga retrasar la edad efectiva de jubilación -ojo, que no la legal, como algunos confunden con cierta mala intención-, no es ninguna tontería. Quienes se oponen a este retraso, argumentan que esa medida dificultaría el acceso al mercado laboral de los más jóvenes. Es evidente que, ni las empresas privadas ni menos aún las administraciones públicas, cubren todos los puestos de trabajo de quienes se jubilan. En consecuencia, disminuye el número de trabajadores y se incrementa la carga social al aumentar los pensionistas. Por cierto, que la idea de retrasar la edad de jubilación ya ha sido propuesta por el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.
También habrá que ir aceptando que el periodo para calcular la pensión debe ampliarse. En la actualidad, quien más años cotiza y mayor aportación acaba realizando, es también quien sale más perjudicado por el sistema. Si la Autoridad Independiente propone incrementar el tiempo de cálculo a 35 años, aún nos sitúa en una posición menos exigente que los 40 años que se utilizan en Portugal, o toda la vida laboral -como es el caso de Alemania o Suecia-, posiblemente la solución más ajustada a un fondo de pensiones como es el caso. Son las reglas del «tanto aportas, tanto recibes» porque, para redistribuir la riqueza, ya existen otros mecanismos fiscales. Asunto bien distinto es la obligatoriedad de cotizar al sistema público, pero no es tema que se discuta por el momento.
Soluciones hay para solventar el problema. La clave estriba en pensar en futuro o, por el contrario, seguir priorizando la inmediatez de los ciclos políticos. Y es que no cambiamos.
