Tras racanear y retrasar, mes a mes desde agosto, la llegada de agua del trasvase del Tajo a la provincia de Alicante; el Gobierno, ahora, asegura que los regantes alicantinos y murcianos van a tener agua hasta junio. En total, 174 hectómetros cúbicos. Garantizados. Lo nunca visto. La actual magnanimidad del Ministerio de Transición Ecológica contrasta con la cicatería aplicada hasta el momento. Sospechoso. Solo se entiende si es en clave electoral. Estamos a pocos meses de las elecciones autonómicas, en mayo, y el Gobierno de Pedro Sánchez suaviza sus radicales posiciones antitrasvasistas para no perjudicar las opciones del candidato del PSOE a la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En Castilla-La Mancha las expectativas electorales no deben ser buenas, porque a Sánchez no le importa sacrificar con esta medida al presidente de la comunidad castellano-manchega, el también socialista Emiliano García-Page. Al garantizar el trasvase hasta junio (con simples previsiones y sin las certezas de cómo estarán los embalses de Entrepeñas y Buendía a las que nos tienen acostumbrados), paz y gloria para la Comunidad Valenciana y ya no importa la ira que se despierte en Castilla-La Mancha. Una vez más se demuestra el cinismo con el que se maneja la gestión de los recursos hídricos desde Madrid. Siempre interesadamente, sin atreverse ningún partido político a acometer de una vez por todas un racional plan hidrológico nacional que aporte agua a todos, un derecho, y al mismo precio, un deber. Junio está a la vuelta de la esquina, los agricultores alicantinos están contentos, los candidatos, expectantes; y el Gobierno demuestra y pone en práctica la regla de oro del coaching: cuando se quiere, siempre se puede.
