El auto del TSJ de Navarra, manteniendo la libertad de los condenados en el caso La Manada, ha ofrecido un espectáculo impagable de lo que es el caos mental en el que cierta izquierda y grupos afines se encuentran inmersos. Un caos que les lleva a proclamarse antifascistas para, a su vez, reclamar la recuperación de las instituciones franquistas más represivas. Un caos que les lleva a considerar, con cierta displicencia e irresponsabilidad, que los derechos humanos son un obstáculo para combatir la violencia de género. Un caos que, sin percatarse de ello, eleva a la consideración de paradigma de la democracia lo que caracterizaba al régimen que quieren enterrar y que, a la vez, resucitan entre alabanzas y loas.

Lo que se demanda es la prisión provisional de los condenados, no en sentencia firme aún y titulares de la presunción de inocencia, en razón solo del delito cometido y su gravedad. Es indiferente para quienes esto sostienen el riesgo de fuga, único motivo que justifica la prisión provisional en este momento procesal o que los condenados no hayan intentado escapar a la acción de la Justicia en el año transcurrido desde su libertad provisional. El delito cometido, su naturaleza, la gravedad, la alarma social y la peligrosidad se consideran suficientes para, automáticamente, dar lugar a la prisión provisional. Un delito grave contra la mujer debería conllevar la prisión provisional automática, como pena anticipada y ejemplarizante. No hacerlo así constituye un atentado a la igualdad y la dignidad de las mujeres, un síntoma del machismo imperante y de la sociedad patriarcal.

No son conscientes, por ignorancia seguramente, de que tales reivindicaciones eran las propias de la prisión provisional franquista, la cual era ordenada automáticamente en función del tipo de delito, de la peligrosidad de su autor, de la gravedad del hecho y de la alarma social, concepto éste de origen nazi para quien no lo sepa. Fueron la democracia, la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos las que determinaron que aquella legislación se interpretara en forma distinta, prohibiendo funciones propias de la pena o de las medidas de seguridad y haciendo la medida dependiente de la concurrencia en el caso de riesgos cautelares. La ley vigente, por imperativo constitucional, es incompatible con aquel pasado reaccionario y con reivindicaciones tan funestamente radicales y retrógradas, atentatorias a los derechos humanos en una democracia y en España típicamente franquistas.

Frente a esta evolución progresista, se pide hoy públicamente el regreso a la legislación de la dictadura. Adornando el discurso con llamadas a valores superiores, por supuesto, que nada restan, sin embargo, a la naturaleza represiva de lo reclamado, propio de regímenes autoritarios.

Deben saberlo los que alientan esta tendencia, incluidos los tertulianos de todo pelaje, aprendices de todo y maestros de nada. Tienen todo el derecho a pedir la vuelta al franquismo y sentirse amparados por esas máximas que surgen de una tendencia íntima e insuperable al parecer. Pero, lo que piden es exactamente eso. Deben saberlo. Debemos recordárselo. Les parece lo más justo, equitativo, protector de la mujer e igualitario. Y el feminismo ser cauteloso para no perder su legitimidad. Porque, si adoptar la prisión provisional conforme a riesgos cautelares y no como pena anticipada o como medida preventiva, como método de afrontar el viejo canon de la peligrosidad social, es patriarcal, se estará equiparando democracia y sistema patriarcal y, consecuentemente, sus aspiraciones a fórmulas incompatibles con la democracia. Un mensaje que poco o nada favorece una pretensión legítima y que, desde posiciones de defensa del sistema democrático, debe ser enfrentado, en esta o en cualquier otra parcela de la vida. De ahí que se enciendan luces de alarma ante lo que puede suponer la vanguardia de un cambio sustancial en el sistema mismo, pues no es dudoso pensar que, si se abre la puerta a estas posturas en un delito determinado, más pronto que tarde se extenderá a otros muchos. Tener miedo a la extrema derecha y, a la vez, reivindicar fórmulas propias de ésta no se comprende. Afirmar la incompatibilidad del sistema democrático con la protección de la mujer, peligroso y preocupante. En todo caso, lo pretendido es imposible constitucionalmente y prohibido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y los específicos sobre la violencia de género en modo alguno exceptúan su aplicación. Afirmar lo contrario es algo más que un simple error.

Si la respuesta al denominado sistema patriarcal consiste en atacar los fundamentos de la democracia, algo se estará haciendo mal y bueno sería meditar al respecto. Y la prisión provisional no retributiva es una condición inexcusable en un sistema democrático, no una simple fórmula ritual o accesoria. Es el termómetro que mide la democracia real con exactitud. Basta ver la regulación de la prisión provisional en un país para conocer su grado de respeto a las libertades.

Creo firmemente que el sistema ofrece soluciones suficientes y válidas sin necesidad de recurrir a fórmulas anacrónicas y reaccionarias, en este y en todos los casos y supuestos. Y creo que puede existir una sociedad igualitaria que no exija como condición irrenunciable elementos propios de los regímenes autoritarios; puede y debe ser democrática. Porque, si no es así, tenemos un grave problema de difícil solución. No se puede obligar a elegir entre alternativas que no deberían ser excluyentes, sino armónicas y complementarias.