Se acaba 2018 y, por desgracia, no puede decirse lo mismo de la crisis económica que, desde hace más de 10 años, nos está afectando en toda España. Es cierto que se han dejado atrás los peores datos de una situación que se ha cebado, especialmente, en las clases menos favorecidas y que menos culpa tenían de la situación que se generó, aunque sus consecuencias siguen muy vigentes todavía.

El mercado laboral es, sin duda, uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la crisis. El aumento del paro y la precarización de la contratación han sido espectaculares, con la consiguiente pérdida de derechos y retrocesos en los niveles salariales. Y, lo que es peor, la situación tiene pinta de transformarse en la nueva realidad permanente. La estabilidad en el empleo, con un sueldo decente, se ha convertido en una quimera para muchos. Si hace unos años ser «mileurista» era una situación a superar, paradójicamente ahora, es una situación a alcanzar. Tal ha sido la degradación y el retroceso de la contratación, especialmente para los más jóvenes. Y si hablamos de personas mayores de 50 años paradas, su perspectiva de encontrar un trabajo estable es un objetivo casi imposible, con lo que se ven obligadas a subsistir con las escasas ayudas estatales, en su mayoría de 430 euros mensuales, el apoyo de familiares o con la esperanza de poder jubilarse lo más anticipadamente que puedan para que, aún a costa de las fuertes penalizaciones que por ello se les aplicarán, tener unos ingresos mínimos con que afrontar un futuro que no será como ellos esperaban cuando iniciaron su vida laboral.

Y, encima, tener que oír que la crisis se ha superado, que ya es historia. Detrás de los fríos números de las estadísticas oficiales hay personas y, en muchos casos, familias enteras. Y no es positivo no reconocer esta realidad que está entre nosotros mismos.

Tal vez por eso sea oportuno recordar que, incluso en municipios como el nuestro, hay una parte importante de su población que sigue instalada, a su pesar, en ésa crisis que dicen algunos que ya es historia. Los datos oficiales del paro, en Elx, que CC OO del Baix Vinalopó, facilita procedentes del SEPE, nos dicen que, al 30 de noviembre de 2018, último dato conocido, las personas paradas oficialmente inscritas, eran 23.843. Lo que supone una tasa de paro del 23,24%. En la provincia de Alicante, entre las poblaciones mayores de 40.000 habitantes, sólo nos supera Elda, que tiene el 24,49. Estamos por encima de Torrevieja, Alcoy, Alicante, etc. Hay que decir que, a finales de 2017, estábamos en el 24,90% y con 24.936 personas desempleadas. Es un descenso de 1.093 personas.

Probablemente muchas de ellas hayan encontrado algún tipo de contrato, incluso a tiempo parcial, que hace que ya no se les considere paradas, otras habrán desistido de seguir inscritas ante la falta de perspectivas y otras se habrán jubilado si han podido. Aunque toda mejora es positiva, parece notarse una desaceleración evidente en la creación de empleo en el municipio con respecto a los últimos años.

Desde hace más de 10 años, el número de parados, en Elx, no ha bajado de los 23.843 actuales. Es una cantidad importante y que, aparte de los propios afectados, lo padece todo el municipio ya que las condiciones económicas de dicha situación son pésimas y su nivel de ingresos, cuando lo hay, limita mucho su capacidad de gasto y consumo, con la evidente repercusión en el comercio local.

Téngase en cuenta que de los parados, actualmente inscritos, el 52,34%, o sea, 12.479 personas, no cobran nada, no reciben ningún ingreso. Y de los parados que sí cobran algo, que son 11.364 personas, sólo 4.549 cobran una prestación contributiva en proporción al tiempo trabajado, el resto, o sea 6.815 de los parados, sólo cobra 430 euros mensuales en concepto de ayudas asistenciales.

Es muy preocupante el alto porcentaje de personas desempleadas que no cobran nada en Elx, ya que el riesgo de pobreza y exclusión social salta a la vista. También llama la atención que el porcentaje de parados sin ninguna prestación sea, en Elx, más alto que la media provincial, que está en el 50,09%, mientras aquí supone el 52,34%.

Son datos que deberían obligar a todas las administraciones públicas a intensificar esfuerzos para corregirlos. Cuando se piden inversiones en nuestro municipio, a las que deberíamos tener derecho, también se hace porque ello permitiría mejorar infraestructuras, y crear empleo en su construcción y en su posterior funcionamiento. Por ello, reivindicarlas no sólo es una necesidad, sino una obligación para todos nuestros representantes públicos.