Publica estos días el periodista Miguel Ángel Aguilar su relato de aquel último fusilamiento de la dictadura, el 27 de septiembre de 1975, ocho semanas antes de la muerte de Francisco Franco. Fue el estertor de una larga noche bajo la dominación de quien negó la libertad a los españoles. Han pasado cuarenta y tres años de aquella fecha y la memoria de quienes la vivimos parece que se empieza a tambalear.
Al menos para algunos. Consejos de guerra sumarísimos habían condenado a la "pena máxima", a pena de muerte, a once jóvenes radicales que combatían la larga dictadura instituida por el general Franco y un grupo de jefes militares que habían vencido en la fratricida guerra iniciada en 1936 con su levantamiento contra la República Española. Los condenados eran militantes de ETA y del Frente Revolucionario Antifascista Patriótico (FRAP) que habían perpetrado varios atentados terroristas y asesinado a miembros de las fuerzas de seguridad.
De los once sentenciados a muerte (varios otros habían sido condenados a penas de reclusión mayor), seis fueron ejecutados por fusilamiento y a cinco les fue conmutada la pena máxima por la de reclusión mayor. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre conmutó la condena a muerte de unos y la ratificó ("se dio por enterado", según la terminología oficial) de otros. Entre los conmutados figuraba Manuel Blanco Chivite, con el que coincidí en algunas asignaturas en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid.
Tres de los condenados serían fusilados en una localidad madrileña, otro en Burgos y otro en Cataluña. La tarde de ese viernes, ratificadas las penas y desatendidas las solicitudes de clemencia de personalidades y organismos nacionales e internacionales, periodistas de distintos medios acudimos a la prisión madrileña donde habían concentrado a los condenados -José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz- para cubrir la información de las previsibles ejecuciones. Tras una larga y penosa noche, con la dolorosa incertidumbre de ignorar la forma de muerte y el lugar donde se produciría, los reporteros nos apostamos a las puertas de la cárcel ante la falta de comunicación de los responsables militares con el fin de recabar cualquier dato que pudiese desprenderse de las entradas y salidas de abogados, familiares y funcionarios al recinto.
Amanecía el sábado 27 cuando a los familiares de los condenados les comunicaron que fuesen a retirar los cadáveres al cementerio de Hoyos de Manzanares, a poco más de 30 kilómetros al norte de Madrid. Dos o tres coches con periodistas siguieron a la macabra caravana por una carretera bordeada de miembros de las fuerzas de seguridad. En el Mini de Miguel Ángel Aguilar, de la revista "Posible", cupimos Román Orozco, de "Cambio16", Friedrich Kasseber, del "Süddeutsche Zeitung", Manuel Alcalá, de "Informaciones" (https://linz.march.es/Documento.asp?Reg=r-49840), y quien esto firma, de "Nuevo Diario", a quienes Alcalá llamaba con ironía los Martín Ferrand Brocasting ya que disponíamos -no existían los teléfonos móviles- de un artilugio para ser requeridos por la redacción en cualquier lugar, aunque apenas servía para nada. Han pasado más de cuatro décadas, han cambiado mucho las cosas y la memoria falla. Casi no hubo crónicas de los sucesos de aquel sábado de septiembre pues la censura reprimía el relato de lo ocurrido. Contar hoy los hechos de ese nefasto día significa olvidarse de muchas cosas, entre otras de quienes estuvimos en Hoyo de Manzanares aquella mañana en la que ninguno pudimos presenciar los fusilamientos.
Algún relator llegó a decir que muchos fueron los que se apuntaron como testigos de lo acontecido sin haber estado ni en la puerta de la prisión ni a la impedida entrada del campo de tiro de El Palancar. Tal es la desmemoria que algunos como el "historiador" Pío Moa, compañero en la Escuela de Periodismo y radical militante de izquierdas en aquellos tiempos, hoy niega la dictadura de Franco y la represión durante décadas.
