De la peor manera posible se ha cerrado la investigación abierta por la Fiscalía para determinar si el PP «agradeció» a la edil Nerea Belmonte que le diera la Alcaldía de Alicante al popular Luis Barcala tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri con un asesor al que, por su condición de tránsfuga, no tenía derecho. Un asistente que, sobre el papel, estaba destinado a la Concejalía de Infraestructuras, pero que acompañó a la concejala en al menos tres visitas durante el mes escaso que estuvo trabajando. Lejos de aclarar si lo denunciado por la oposición en pleno es cierto, el archivo decretado por el fiscal siembra aún más dudas sobre el asunto, si cabe, al hablar de una «extraña contratación» y admitir las «sospechas y conjeturas» que de ahí pueden derivarse. Para dar carpetazo la Fiscalía se ha apoyado en que no ve en los hechos la entidad suficiente para abrir unas diligencias penales. Pero lo afirma sin haber oído al primer edil, de quien su jefe de gabinete aseguró ante el fiscal que partió la orden del polémico fichaje. Con independencia del recorrido que pudiera tener un proceso penal, lo que carece de toda lógica es que la acusación pública haya dado por finalizadas las pesquisas sin conocer qué interés tenía Barcala en contar como colaborador con alguien «sin ningún tipo de currículo ni cualificación profesional» y sin estar siquiera afiliado al PP, «lo que, sin ser un requisito, era norma casi general en este tipo de contrataciones», como precisa el fiscal en su escrito. Y que, además, se le contratara desde el principio con el 100% de dedicación (cuando no es lo habitual) y un sueldo de 2.513 euros al mes. Nada de eso ha quedado claro cuando bastaba quizá con cruzar los datos de esta investigación con la que también por la supuesta compra del voto de Belmonte, e igualmente archivada, ha llevado Anticorrupción para evitar que a fuerza de no airear ciertas actuaciones todo acabe oliendo a podrido.
