Ahora que se cumplen cuarenta años de la aprobación de la Constitución Española por la sociedad española mediante el referéndum del 6 de diciembre de 1978, no está demás hacer un poco de memoria acerca del difícil proceso que culminó con la ley más importante de la historia de nuestro país si nos atenemos al tiempo que lleva en vigor y a las consecuencias sociales, políticas y económicas que ha conllevado.

Es inseparable del mismo concepto de Constitución, de su significado y su importancia, el término Transición por cuanto para poder redactarse y aprobarse la primera fue necesaria la consecución de la segunda. Y es este un dato muy importante porque esto supone unir de manera indefectible la propia existencia de esta ley suprema a la lucha por el reconocimiento de derechos sociales y libertades individuales que durante buena parte del siglo XX tuvo lugar en España. Sabido es que el proceso de democratización de España comenzó en los últimos años de la Guerra Civil española cuando algunas voces, entre las que estaba la de Manuel Azaña, comenzaron a propugnar por un proceso de reconciliación. El conocido discurso de Azaña que pronunció el 18 de julio de 1938 en el Ayuntamiento de Barcelona y que terminó con las tres palabras «paz, piedad y perdón» como resumen de lo que debería ser la futura historia española, fue el punto de partida de un largo camino que culminó con la aprobación de una Constitución firmada por un rey, aceptada por los que habían iniciado una guerra para eliminar la anterior de 1931 y votada por todos los españoles en un proceso libre y legal.

Pero es que además hay que tener en cuenta que el mismo término de Transición no fue un invento -como concepto ni como acción política- que se acuñó tras la muerte de . Ya en los primeros años de la década de los 50 del pasado siglo, recién terminada la guerra, los partidos políticos que formaban la oposición al franquismo en el interior y en el exterior abogaron por un proceso de transición que, ayudando a derrocar y a dar por finalizado el régimen franquista, culminara con la llegada de la democracia. Si hubo que esperar hasta la muerte de Franco para que España recuperase las libertades perdidas en 1939 después de un golpe de Estado, una guerra civil y una cruel represión consecuencia directa de esta guerra, fue porque la dictadura contó con el apoyo del ejército y de la Iglesia Católica, pilares básicos de una España que, a diferencia de Europa, parecía recién salida de la Edad Media y que estaban constituidos como tales a falta de un sistema democrático que otorgara a los ciudadanos españoles la posibilidad de crear otras instituciones -como los partidos políticos o los sindicatos libres- generadores de opinión y de ámbitos de debate.

A estas dos herramientas fundamentales en las que el Franquismo se apoyó hay que añadir un tercer elemento. Nos referimos a esa parte de la sociedad española que ayudó a que el régimen franquista se perpetuara durante casi cuarenta años, colaborando, en primer lugar, en la gestión de la Administración y aprovechándose de los vencidos y de los depurados, es decir, apropiándose de los trabajos y negocios de los que fueron despojados los partidarios de la República y tomando posesión de las plazas vacantes de médicos, catedráticos o cualquier otra clase de funcionarios por haber sido sus legítimos titulares desprovistos de ellas después de acabada la guerra e iniciada la represión y, en segundo lugar, mirando para otro lado ante las atrocidades que el aparato represor franquista llevó a cabo hasta los últimos días de su existencia. Para conseguir la reinstauración de la democracia en España fue fundamental que la mayor parte de los partidarios del franquismo entendiesen la necesidad de dar fin a una dictadura de una manera pacífica, lo que implicaba la creación de un sistema legal y judicial homologable a los países europeos recuperando con ello la idea orteguiana de los años 30 de que la solución estaba en Europa.

No fue fácil aprobar nuestra Constitución. Las amenazas constantes de los involucionistas franquistas -muy violentos- fueron utilizadas por la derecha partidaria de un cambio moderado para tratar de imponer -y conseguirlo en ocasiones- determinadas cortapisas a un sistema democrático a la europea. De ahí que la Constitución necesite algunas reformas para que termine de culminar el proceso de construcción de un sistema auténticamente social y democrático.

Con la celebración, ayer jueves, del día de la Constitución Española, los españoles demócratas nos reafirmamos en la necesidad de una convivencia pacífica que debe impregnar no sólo las instituciones políticas sino también el resto de elementos vertebradores de la sociedad. Recordando aquel día de 1978 lo hacemos también de todos aquellos que durante décadas lucharon para que algún día los españoles pudiésemos disfrutar de un sistema de libertades, perdiendo la vida en ese empeño buena parte de ellos y cuyos orígenes se encuentran en aquel «paz, piedad y perdón».