Siempre me hizo gracia el chascarrillo del compañero Carlos Bernabé, concejal de Cambiemos Orihuela, con eso de ser, los de Ciudadanos, «de centro, sí, pero de centro comercial», la versión local de lo de «los del IBEX-35», que es como simpáticamente nos denomina, tan anticapitalista él. Hoy me hace más gracia aun si cabe, porque precisamente por él, con su abstención y la de su inefable colega verde, tan verde él, Javier Gracia, junto a la de una concejala nada sospechosa de rojeras como Pepa Ferrando y las de otros seis concejales socialistas, que cambiaron del no en comisión de lunes a la abstención en pleno de jueves, en el de este mes de noviembre, es por quien hoy Orihuela tiene una parcela menos de uso social-asistencial. Y una empresa privada dispone de una parcela más de uso comercial y lucrativo.

No discutiré yo, liberal declarado, que la referida empresa no tenga todo el derecho del mundo a solicitar que el ayuntamiento reconsidere el uso anterior de su terreno para convertirlo de social-asistencial a comercial, y poder así ampliar la superficie de tienda que hoy ya existe en la parcela aneja. Así lo prevé la ley, y si es lo que Orihuela necesita, perfecto. Pero solo si es lo que Orihuela necesita, no lo que le interese exclusivamente al propietario de la parcela en cuestión.

El problema, en principio, no es que esa parcela pueda ser objeto de cambio de uso para que la empresa propietaria le saque un rendimiento económico desde ahora. La cuestión es que no parece que conste quién, y cómo, en base a un informe previo exigido legalmente, que ignoramos, decidió a principios de 2015, con gobierno del PSOE y Los Verdes, optar por cambiar su uso y no adquirir esa parcela para el municipio manteniendo así, inicialmente al menos, su destino social-asistencial. No consta quién tomó esa decisión de dos posibles cuando para una alternativa, la de comprar una parcela, la competente es la junta de gobierno local, mientras que para la otra, la de cambiar el uso de la misma, el competente es el pleno. La decisión, allá por febrero de 2015, parece que la tomó un alcalde en solitario. Sin más.

Por eso, insisto, no se trata de cómo se ha tramitado este expediente ahora, sino de cómo hemos llegado a decidir sobre un cambio de uso de un suelo, de social-asistencial a comercial, sin haberse optado, como establece el art. 37.2 de la ley urbanística vigente, entre adquirir la parcela o este cambio solicitado. Y es que ese artículo dice, precisamente en salvaguarda de los intereses generales, que si el propietario privado de un suelo dotacional solicita el cambio de uso, el ayuntamiento, previo informe, deberá decidir si adquiere o si cambia el uso. Una de dos. Pero deberá decidirlo y expresarlo así, no iniciar una tramitación de una de las dos opciones sin explicar por qué desdeña la otra. Sobre todo cuando la otra, adquirir la parcela, supone en principio mantener su uso social-asistencial.

Así es que cuando Cambiemos Orihuela vuelva a reclamar espacios de encuentro social, recuérdenles que levantaron la mano para perder una parcela así. Y cuando el PSOE vuelva a reivindicar su cara más social, refrésquenles su mirar para otro lado en todo esto. Ciudadanos, para que conste, votamos no. Pero nos seguirán hablando de especulación, intereses empresariales y centros comerciales. Ellos, sí, ellos.