Artículo 26.
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
Hay algunos instantes históricos que nos ayudan a entender el carácter especial del derecho a la educación: Immanuel Kant enunciando «sapere aude! [¡atrévete a saber!]» como lema principal de la Ilustración; Ernesto Che Guevara alfabetizando guerrilleros en un campamento oculto en la selva de Sierra Maestra; una bibliotecaria del Servicio de Cultura llevando libros al frente durante la Guerra Civil; los revolucionarios franceses comprometiéndose en su Constitución a «poner la educación pública al alcance de todos los ciudadanos»; una maestra en la cárcel, obligada a cantar el Cara al Sol.
El derecho a la educación no es un derecho cualquiera. Es, más bien, requisito y garantía para todos los demás. Un pueblo culto, consciente y crítico es la mejor manera de asegurar una sociedad democrática, justa e igualitaria. Por eso, desde la Ilustración y la Revolución Francesa, todos los movimientos emancipadores se han esmerado en hacer que la educación y la cultura sean accesibles para toda la población, sin ningún tipo de discriminación.
Para que el derecho a la educación sea efectivo y cumpla su función, es fundamental que presente dos características: en primer lugar, ha de ser accesible para toda la población y, por lo tanto, completamente gratuito, desde sus primeras etapas (incluida la educación para niños de 0 a 3 años) hasta la educación superior. Sin embargo, en nuestra ciudad hay solo dos escuelas infantiles municipales (y seguimos esperando una tercera), una oferta claramente insuficiente que obliga a muchas familias a recurrir a las «guarderías» privadas. Por lo que se refiere la educación primaria y secundaria, los privilegios de los centros concertados frente a los públicos se suman a la no gratuidad del material escolar, que pone, año tras año, a miles de familias en dificultades. ¿Y qué decir de la educación superior? Desde que el gobierno de Zapatero asumiera el llamado Plan Bolonia, hace algo más de 10 años, las universidades españolas han sufrido una degradación sin precedentes. Al encarecimiento de las tasas de matrícula (que en pocos años se duplicaron) se añadió la implantación de los Posgrados, cuyas tasas en la Universidad de Alicante superan, en la mayoría de casos, los 2000 euros por curso. Esto, sumado al endurecimiento de los criterios para la obtención de becas, aprobado durante el gobierno de Rajoy, dificulta cada vez más el acceso de la clase trabajadora a los estudios superiores.
Pero la educación no sólo debe ser gratuita. También debe ser crítica, debe ayudar a pensar, a despertar la curiosidad, a analizar y comprender el mundo, y a tomar decisiones consecuentes. La enseñanza pública no debe adoctrinar, pero mucho menos debe convertirse en una suerte de instrucción técnica y aséptica, destinada únicamente a satisfacer las necesidades del mercado laboral (es decir, de los empresarios). El cuestionamiento constante al que se ven sometidas las Humanidades, y en particular la asignatura de Filosofía en secundaria, así como la vinculación cada vez mayor de la Universidad con las empresas privadas y con sus intereses, transforman el sistema educativo español en una fábrica de mano de obra dócil, incapaz de cuestionarse su situación. Discutir sobre política o sobre temas sociales en las aulas no es manipular al alumnado, es enseñarle a pensar críticamente. Es, ante todo, enseñarle a protegerse frente al adoctrinamiento y la manipulación (ahora sí) de multitud de agentes sociales, desde algunos políticos a algunos medios de comunicación.
No puede haber democracia justa sin educación. Frente a quienes pretenden degradarla o encarecerla, es fundamental defenderla a diario. Cada colegio público, cada instituto, cada universidad pública, deben ser protegidas como el más valioso tesoro. Si perdemos la educación pública, perderemos todo lo demás.
Hoy lunes, 3 de diciembre, en el Aula de Cultura (Doctor Gadea, 1) a las 20.00 se proyectará Siete Diosas de Pan Nalin
(*) Álvaro Castaños es miembro fundador del Frente Estudiantil Universitario y delegado sindical de CC OO en la UA. Secretario local del Partido Comunista de España
