Desde hace años, diferentes gobiernos en España han desatendido de manera premeditada sus obligaciones en materia de asilo y refugio, sometiendo a todo el sistema de protección internacional, que nos obliga como país y amparado por el Derecho Internacional, a un deliberado abandono. La lamentable situación de las oficinas de asilo y refugio (OAR), la clamorosa falta de personal y recursos, junto a la ausencia de medios y dispositivos adecuados para gestionar las demandas recibidas y atender con humanidad a las personas solicitantes de asilo en España suponía, en muchos casos, una vulneración de las directivas europeas y de nuestros compromisos internacionales en la materia, además de un sufrimiento añadido a personas que acumulan demasiado dolor.
Todo ello es algo conocido por las ONG especializadas, investigadores y los propios defensores del Pueblo (estatal y autonómicos), que han insistido en ello con énfasis en los últimos años, siendo también recogido por diferentes medios de comunicación. A su vez, la mal llamada «crisis de los refugiados» que ha vivido Europa con especial intensidad en los años recientes, en coincidencia con la llegada masiva de solicitantes de asilo y migrantes forzosos hasta las costas europeas, muchos de ellos personas y familias que trataron de escapar de la guerra en Siria, sacudió las conciencias de un buen número de personas, deseosas de poder colaborar para resolver la grave situación creada, sin que ello fuera atendido por el Gobierno del PP, que incluso incumplió las obligaciones del Consejo Europeo sobre Migración de septiembre de 2015 para acoger en España en régimen de reubicación y reasentamiento a 17.337 refugiados en dos años.
Es por ello que la decisión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez y del gobierno valenciano de autorizar la llegada de las 629 personas recogidas por el buque «Aquarius», cuando estaban a punto de naufragar cerca de las costas libias, generó expectativas de que se cambiaría en profundidad el abandono y la incuria con que España venía atendiendo a los refugiados por los anteriores ejecutivos presididos por Mariano Rajoy.
Sin embargo, en los últimos meses, centenares de personas se concentran al caer la tarde a las puertas de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Madrid con el fin de pasar la noche en la calle y poder obtener los escasos números que se reparten para presentar a la mañana siguiente su solicitud de protección internacional. El sistema es obligatoriamente presencial desde mayo de este año, cuando se sustituyó el anterior procedimiento de solicitud de cita telefónica, dándose cada mañana un número limitado de citas, lo que obliga a los interesados a pasar la noche al raso para tratar de ser algunos de los ochenta afortunados que la consiguen mediante los listados que ellos mismos gestionan.
De esta forma, ante las puertas de este centro oficial, se repite cada anochecer un panorama propio de un improvisado campamento de refugiados para personas que quieren solicitar en España su petición de asilo y refugio, todo un sarcasmo. Como si tuvieran que mantener hasta el último momento las penosas condiciones que les han llevado a muchos de ellos a abandonar sus países, embutidos en mantas frente a las puertas de la Comisaría para soportar el frío, acompañados de sus escasas pertenencias, madres con sus hijos de corta edad, aguantando las inclemencias meteorológicas con el café y los dulces que algunos voluntarios deciden llevarles para que las noches no sean tan crueles.
Pero ahí no acaba el calvario, ya que los funcionarios que atienden a las pocas personas que cada día lo consiguen, reciben una cita, sin registro documental alguno, para poder tramitar sus solicitudes para finales del año 2020, es decir, casi dos años después. Y Madrid no es la excepción, ya que en aquellas provincias en las que existe una mayor agilidad, las citas no se conceden con anterioridad a junio de 2019, es decir, con un retraso mínimo de siete meses.
Numerosos políticos de derecha han venido difundiendo mensajes falsos y alarmistas sobre cientos de miles de africanos que a través de Ceuta y Melilla nos querían invadir ( Pablo Casado, con su habitual irresponsabilidad, ha llegado a cifrar en «millones» los africanos a la espera de acceder a España). Sin embargo, son ciudadanos de diferentes países latinoamericanos quienes están viendo gravemente dañadas sus condiciones de seguridad, los que están registrando un considerable aumento de las demandas de protección internacional en toda España en los últimos meses, demostrándose así la utilización falsa y descarnada que algunos hacen de la inmigración al margen de la realidad.
Ciertamente, este Gobierno de Sánchez lleva pocos meses para responsabilizarle del abandono y la desidia de otros ejecutivos anteriores durante años. Pero resulta imprescindible cambiar con urgencia aspectos fundamentales de una política migratoria que hace aguas, pero particularmente en la política de asilo y refugio, en respuesta a nuestras obligaciones jurídicas y como demostración del apoyo a un nuevo proyecto europeo de solidaridad compartida. También es necesario que este Gobierno despliegue otras políticas e instrumentos de la mano de una nueva política de Ayuda al Desarrollo y Humanitaria, tras ser reducida a la mínima expresión por el PP, impulsando una estrategia más activa desde la Secretaría General Iberoamericana hacia América Latina.
