Cesar Sánchez, presidente de la Diputación y el dirigente con un cargo más importante del PP de la Comunidad en Madrid, perdió ayer otra oportunidad -una más- para demostrar que tiene la capacidad suficiente de liderar todos los matices de una provincia como Alicante, para dejar claro que respeta las leyes con una lengua oficial junto al castellano que está protegida por el Estatuto y la Constitución y, sobre todo, para ejercer como presidente de todos y ceder el Palacio Provincial -un edificio que no es de su propiedad sino de los alicantinos hablen en castellano o en valenciano- a una serie de colectivos y entidades -entre ellas los principales sindicatos, la UA, Escola Valenciana y tres partidos que tienen una representación tan legítima como la del PP en la Diputación- que querían conmemorar el 35 aniversario de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Una norma conocida como la «Llei d'Alacant» porque se aprobó un 23 de noviembre de hace 35 años precisamente en el hemiciclo de la Diputación en una sesión solemne de las Cortes Valencianas que entonces presidía un histórico de la política alicantina como Antonio García Miralles. La única convocatoria parlamentaria hasta aquí celebrada en la capital provincial.
Lo mínimo que esperan los ciudadanos cuando preguntan a sus instituciones es una contestación a las peticiones que realizan. Y no se ha producido, en este caso, ni siquiera una triste respuesta a esa solicitud registrada en la Diputación el pasado 31 de octubre. Es un desprecio a un hecho histórico pero también a una serie de colectivos que querían celebrar un acontecimiento de la magnitud que supone la aprobación de una ley tan importante en un escenario emblemático que, repito, también es su casa. Así que César Sánchez perdió otra oportunidad, decía, de aparecer como algo más que un dirigente político sectario, que gobierna sólo para los suyos y que dice una cosa cuando está en Alicante -eso en el caso de cumplir con la asistencia a actos a los que falla más que una escopeta de feria- pero otra completamente diferente cuando ejerce en Calp, una de las tres alcaldías más importantes de la Marina Alta y una comarca con un porcentaje cercano al 100% de colegios que priman la normalización del uso del valenciano en la enseñanza.
Un presidente -y también un grupo de asesores- con altura de miras, criterio, sensibilidad, sentido institucional y visión política hubiera aceptado esa solicitud toda vez la Diputación como institución ni siquiera había pensado en la importancia de la fecha. Hubiera cedido un espacio del Palacio Provincial, habría recibido a esos colectivos y hubiera presidido la efeméride, como corresponde a su cargo, para demostrar todo lo contrario de lo que el propio César Sánchez argumenta para ejercer como ariete contra la política lingüística del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra, que hace unos días llegó a comparar, en esa espiral de radicalidad histriónica en la que ha caído en las últimas semanas, con los muros contrainmigrantes de Donald Trump. Y lo peor de todo. Pueden pensar los que jalean a César Sánchez por puro partidismo que hacen lo mejor para Alicante. Cuando es todo lo contrario. Alientan aún más la división de un territorio bilingüe en el que todos deben ser respetados pero, sobre todo, cargan de razones y munición a los que quieren «vaciar» las provincias. Lo peor, sin duda, para Alicante.
