El pasado mes de septiembre la deuda pública española se incrementó en 11.819 millones de euros. Cada día, del mes pasado, la deuda pública subió en 394 millones de euros. Ya es endeudarse con ganas. Parecía difícil batir los records anteriores, pero se ha hecho. Nadie sabe dónde está el límite, si es que lo hay.
El Banco de España ha declarado que, con la subida de septiembre, el total de la deuda pública española asciende a 1,174 billones de euros, lo que supone un record histórico y representa el 98% de nuestro PIB. Para darnos una idea de lo que ha supuesto la subida de septiembre hay que recordar que en ese mes de 2017 la deuda ascendía a 1,133 billones de euros. O sea, la subida interanual ha sido de 41.540 millones en el año pasado. Y sólo en este septiembre de 2018 lo ha sido en 11.819 millones. Números que marean y que deberían preocupar mucho más a toda la población y merecer mayores explicaciones por el gobernante de turno que sea responsable del mismo.
Los tres últimos presidentes del Gobierno que hemos tenido ( Aznar, Zapatero y Rajoy) han competido por ver quién endeudaba más a España. Ha ganado Rajoy con diferencia. Cuando Aznar llegó a la Moncloa, se debían 293.040 millones de euros y, cuando se fue, 389.000; o sea, un incremento de 96.000 millones. Esa herencia, Zapatero la incrementó en 355.000 millones de euros en sus 8 años, dejándola en 744.000 millones. Aunque todo eso es poca cosa para Rajoy: En sus 6,5 años en el poder la dejó en 1,155 billones en el pasado mes de mayo y días antes de dejar la Moncloa. La incrementó, en ese período, en 411.000 millones. O sea que, a ése ritmo, de haber acabado la legislatura, hubiera superado, holgadamente, la deuda que acumularon, conjuntamente, Aznar y Zapatero. Todo un fenómeno este Rajoy a la hora de endeudar a España.
Y, lo que es peor, ese endeudamiento se ha disparado en los últimos años, sin que se hayan resuelto los problemas estructurales que tiene nuestro país. Las desigualdades sociales se han acentuado. El déficit en infraestructuras educativas, sanitarias y sociales no se ha solucionado y el supuesto «Estado de Bienestar» queda, cada vez, más lejos. El riesgo de pobreza y exclusión social se extiende silenciosamente y ya afecta al 21,6% de la población, que vive con menos de 8.522 euros al año, según datos del INE.
Mientras tanto, la economía sumergida y el fraude fiscal campan a sus anchas. Incluso se les facilitan periódicas «amnistías fiscales» para que afloren capitales casi sin penalización. Y, curiosamente, en muchos casos de personajes públicos que alardean de patriotismo español, con sus banderitas en la muñeca y sus fondos en paraísos fiscales. Se estima que la economía sumergida supone, aproximadamente, un 20% del PIB de España, cuando la media europea está en el 15%.
No es extraño que ante esta situación, para pagar las pensiones de este mes con la paga extra, el Gobierno tenga que pedir otro préstamo de 6.330 millones de euros y que, además, saque otros 3.000 millones del Fondo de Reserva para pagar una nómina que se acercará a los 18.000 millones de euros. Un Fondo de Reserva que, por cierto, tenía casi 67.000 millones cuando llegó Rajoy y 8.095 cuando se fue. Un exitazo su gestión como se puede ver. En el conjunto de la deuda pública española, las administraciones de la Seguridad Social suponen más de 34.000 millones de euros y se ha perdido un tiempo precioso para buscar soluciones entre todos los agentes sociales a una problemática que está afectando muy seriamente a las más de 9.500.000 pensiones actuales y que puede afectar muy negativamente el futuro de las mismas.
El descomunal volumen de la deuda española supone un grave problema actual, ya que hipoteca capacidad de gestión y, además, con el actual repunte de los tipos de interés, constituye una amenaza creciente para la estabilidad financiera. Por otra parte, las cantidades que se tienen que destinar a intereses y amortización de la deuda son cada vez más importantes y se tienen que restar de inversiones más socialmente necesarias. Valga el ejemplo de los recientes Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2019 que incluyen una partida de, nada menos, 5.782,6 millones de euros para amortizar deuda e intereses, en un Presupuesto de 22.096 millones, lo que supone un euro de cada cuatro.
Todas las administraciones deberían preocuparse más de este problema y buscar soluciones sostenibles. Tal vez sea necesaria, también, una auditoría de la deuda para ver cómo y de qué manera se ha producido y qué parte de ella es legítima y justificable. Tal vez nos llevásemos alguna sorpresa.
