Las noticias acerca de la fijación de un plazo para la sustitución definitiva de los vehículos que utilizan combustible diésel o gasolina, y el cambio a los vehículos eléctricos ha producido un revuelo importante que afecta al sector de la industria del automóvil y a los consumidores que ya vislumbran una fecha fija para que se produzca un importante cambio en el consumo de vehículos de motor. Y ello, aunque fijar una fecha para ello al año 2040 y 2050 nos produce, también, un cierto recelo o desconfianza de la veracidad de la ejecución de un plan que no va a ser fácil ejecutar, además de la facilidad con la que se cambian las decisiones en estas y otras medidas sobre las que se anuncian cambios inminentes. En consecuencia, si se fija el cambio para 2040 no se pueden negar, también, dudas sobre si se retrasará esta fecha o, de igual modo, se ejecutara definitivamente en la fecha ya indicada.

Lo cierto y verdad es que las noticias se centran en que la Comisión Europea tiene previsto presentar el próximo 28 de noviembre su estrategia a largo plazo para descarbonizar la economía con diversos escenarios de una menor a mayor evolución con la intención de llegar al 100% en 2050, fecha en la que se anuncia la desaparición de vehículos que no sean eléctricos. En este sentido, se habla de que el Ejecutivo comunitario destinará 5.000 millones de euros en su próximo presupuesto para dotar un fondo que sirva para las regiones más afectadas por el proceso de transición energética.

En cualquier caso, el proceso de cambio no va a ser tan fácil, ya que un cambio tan brusco produce una grave afectación a muchos sectores como las gasolineras, empresas de fabricación de vehículos, talleres de reparación, etcétera, con un importante volumen de empleados. Se trata de circunstancias que no pueden dejarse pasar por alto, a fin de valorar las consecuencias reales económicas de una medida que de imponerse a la fuerza puede provocar consecuencias drásticas en muchos sectores y repercusión en puestos de trabajo. Por ejemplo, desde BMW ya se ha señalado que las baterías modernas, de los coches eléctricos actuales y futuros ?algunos de ellos- están basadas en el cobalto. Es un mineral, y es un recurso de disponibilidad limitada. La creciente demanda de minerales necesarios para la fabricación de las baterías modernas es lo que provocará que «los coches eléctricos sean siempre más caros que sus equivalentes con motor térmico». Así, desde la marca bávara se pone el acento en la dependencia del cobalto. Y, así, dan datos concretos señalando que, incluso a plena escala, el precio de 1 kWh se mantendrá en torno a los 100 o 150 euros provocando que un coche eléctrico cueste ?en producción- entre 10.000 y 15.000 euros solo por contar con una batería de entre 90 y 100 kWh. Con ello, se pone de manifiesto que si se mantiene la dependencia del cobalto en la producción de baterías para coches eléctricos nunca podrán costar lo que un coche con motor térmico. Así pues, la cuestión no parece sencilla, porque se deben poner en la mesa los problemas del sector del automóvil ante un cambio tan brusco y muchos sectores que rodean a esta industria, debiendo valorarse todos los factores que influyen en este importante sector de la economía para tomar una decisión. Pero, sobre todo, lo que es importante es aclarar el proceso que se va a llevar a cabo, porque la fijación de fechas y plazos de vencimiento puede provocar un caos en el sector por el miedo del cliente ante una medida que, igual, luego no se impone o se transforma en una opción voluntarista del comprador, o que se abaraten los precios de los vehículos eléctricos. Pero la imposición de medidas y el drástico cierre del vehículo de diésel o gasolina debe ser una decisión meditada y, quizás, apostar por un cambio voluntarista, más que de carácter obligacional por las repercusiones económicas.

Por otro lado, no debemos olvidar que este cambio al vehículo eléctrico produciría una importante y necesaria modificación en el parque de garajes de las comunidades de propietarios y hasta de los parkings públicos, ya que, sobre todo en los primeros, deberán realizarse las adaptaciones oportunas en el tendido eléctrico de las comunidades para que cada vehículo disponga de una conexión de toma de corriente para cargar el vehículo, lo que provoca un sistema en el que habrá que analizarse la posibilidad de disponer de contadores individuales de consumo eléctrico para evitar que el cargo vaya a la cuenta de la comunidad y, además, una obra de envergadura en las comunidades de propietarios para llevar a cabo esta adaptación. Como se puede comprobar, no se trata de una medida fácil y en la que se puedan obviar muchos inconvenientes que están ahí para ser analizados y tomados en cuenta con detalle.