Los temporales de lluvia y mar, de octubre y noviembre, ocurridos en España, básicamente en el litoral mediterráneo, pero también en Canarias, nos ofrecen dos lecciones que se deben comentar. La primera, se siguen produciendo inundaciones, con daños económicos graves y pérdida de vidas humanas porque no se ha cumplido como debiera las leyes de aguas, suelo e impacto ambiental. Y, además, hay mucho construido en décadas pasadas, que ha hecho caso omiso a los avisos dados en trabajos de investigación y cartografías de análisis del riesgo natural, que existían, pero se prefería no consultar, no conocer o, directamente, no hacerles caso. Así de claro. Además, las normativas recientes para evitar inundaciones son eso, recientes: desde 2007 (Directiva de Inundaciones), 2008 (primera versión de la nueva Ley del Suelo). Y alguna normativa y planes de ordenación territorial de escala autonómica de años recientes que va teniendo efecto, como el Patricova en la Comunidad Valenciana. Por tanto, el problema está ahí, viene de lejos y va a ir a más como estamos comprobando. Y segunda lección: la modificación de la Ley de Costas de 2013, con la ampliación caprichosa de los períodos de concesión en Dominio Público Marítimo-Terrestre durante 75 años más, haciendo caso omiso al problema del cambio climático y del incremento de los temporales marítimos extremos, pone en riesgo, aún más, la vida de las personas. Lo hemos comprobado en las imágenes indignantes de Tacoronte. ¿Qué hace ese edificio ahí, en primerísima línea de costa? Y lo peor es que aún tenemos que escuchar en algún informativo de televisión una frase de antología del disparate: «Miren el poder destructor de la naturaleza». Manda narices, con perdón. El problema es que edificios así hay muchos en las costas españolas, lindando directamente con el mar. Y van a estar ahí siete décadas más, gracias a los cambios en la normativa de Costas. Y todo ello con una atmósfera y unos océanos calentándose y produciendo eventos extremos con mayor frecuencia. Eso sí, ahora se pedirá la declaración de zona catastrófica.