Vaya por delante mi más absoluto respeto a todos los anunciados como futuros miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un respeto personal y profesional que no es incompatible con una crítica política, en esta ocasión a diestra y siniestra, por el espectáculo ofrecido que, en tiempos de zozobra, no ayuda, sino que incide en la pérdida de autoridad del Poder Judicial. Ese pacto entre partidos para repartirse cromos, mayorías y minorías, presidencias y promesas de futuro, en una puesta en escena antiestética y sin disimular la infracción grosera de la ley, pone bajo sospecha a unos jueces y magistrados que merecen algo más que el juego de quienes representan a unas formaciones políticas que día a día dañan el régimen democrático. Los jueces no desean este sistema nefasto y se han movilizado contra la intromisión, pero los partidos, ignorando la credibilidad del Poder Judicial y derivando hacia este los efectos de su juego, imponen un modelo que atenta a la independencia judicial. Tarde o temprano, ante la evidente intromisión del Ejecutivo, los tribunales internacionales negarán al CGPJ legitimidad para ciertas funciones que afectan a la esencia del Judicial.
Siempre he sostenido y ahora más, que los ciudadanos gozamos no sólo del derecho a jueces independientes, sino también a no saber, a no conocer, más allá de lo inevitable, la orientación política de quien nos juzga. Esa división entre progresistas y conservadores, vinculada a partidos determinados, es fuente de sospecha y muchas veces, aunque no exista razón cierta para acreditar la duda, elemento de interpretación de resoluciones técnicamente correctas, pero deudoras de la inevitabilidad de la intromisión de factores perturbadores en el Poder Judicial. Los jueces tienen, como personas, ideologías y pocas veces éstas se manifiestan en sus resoluciones, aunque se crea lo contrario. Pero, cuando esas adscripciones o afinidades se traducen en una vinculación con un partido determinado, con sus intereses y estrategias, la imagen del Poder Judicial independiente y de ese concreto juez, salta por los aires. En época de escaso apego a la verdad y tendencia a la manipulación, la apariencia de jueces sumisos a los partidos sirve para politizar la Justicia y a ese afán se aplican los políticos en favor de sus intereses, superiores, parece, a cualquier otra consideración.
De poco sirve que se prohíba a los jueces militar en partidos o expresarse públicamente en asuntos que puedan poner en tela de juicio su independencia, cuando los partidos los dividen en progresistas y conservadores, en propios y extraños y, conforme a esa calificación, los apoyan o no cuando se trata de la constitución del CGPJ o, peor aún, cuando se nombran magistrados de los más altos tribunales u otros cargos de relevancia. Que la neutralidad judicial salte por los aires provocada por los mismos partidos que legislan esa imparcialidad, merece un análisis más detenido que termina siempre en lo mismo: la tendencia a controlar el Poder Judicial y los jueces.
Poco importa a unos partidos que viven instalados en un maniqueísmo que no tiene reflejo en la sociedad más allá de algunos, pocos, extremistas, que todo sea y aparezca conforme a su noción del mundo y la vida. Poco o nada existe para ellos más allá de su presente e inmediato futuro, en el ejercicio de una política que ha renunciado al medio y largo plazo. Indiferente les resulta que los tribunales sufran los efectos de su comportamiento. No sirvió ni siquiera en la anterior elección del CGPJ que algunas asociaciones se negaran a participar en este juego. No ha servido que los jueces se hayan puesto en huelga contra esta intromisión. La falta de conciencia y respeto a la división de poderes está en la base de un sistema, el de partidos, que fracasa cuando estos se alzan sobre todo argumento y aparecen como razón última del mismo. Ignoran que los magistrados, aún llamados por cada sigla, no se dejan influenciar por razones espurias cuando se trata de juzgar y menos el Tribunal Supremo. Pensar por un momento que los jueces son susceptibles en este país de responder a apelaciones o consignas es ignorar su alta cualificación profesional. Es la imagen, no la justicia la que se ve perjudicada por este cambalache político. Y la imagen, hoy, es esencial en un Poder que precisa de reconocimiento, no de desprestigio.
Parecía esta vez que iba a llegar el cambio, que el CGPJ iba a ser designado, en su mitad judicial, por los mismos jueces. El PP lo prometió en su programa hace tiempo. El PSOE, no, pero apoyó la pasada huelga de jueces. Los demás, que no ostentan poder, optan por el sistema de nombramiento judicial, si bien Podemos se aplica al doble juego de rechazar el modelo y pedir representantes en el Consejo. PP y PSOE, enemigos irreconciliables, han llegado a un acuerdo. Pero, si les ha resultado tan fácil el consenso para colmar sus propios intereses, debería costarles lo mismo hacerlo en materias esenciales para los ciudadanos, incluso cuando éstas no satisficieran sus más cercanos objetivos políticos. Pero, eso es ingenuidad. Cuando quieren, pueden. Pero, pueden solo cuando quieren.
