Hoy, 18 de noviembre, se cumple un año desde la gran movilización que sacó a la calle a fuerzas políticas, agentes sociales, entidades cívicas, organizaciones sociales y culturales con el más amplio consenso que se ha vivido en el País Valencià desde la transición a la democracia del Estado español. La clara situación de marginación financiera que sufre nuestra Comunidad autónoma -ya que somos la peor financiada y la que menos inversión recibe- nos llevó a salir a la calle para decir que bastaba ya de injusticia financiera. En aquel momento hicimos llegar al Gobierno central, y a los partidos políticos con representación parlamentaria estatal, una voz alta y clara de todo el pueblo valenciano y también logramos articular a una diversidad de entidades alrededor de una justa reivindicación.

Algunos pasos hemos dado en la mejora de la organización de esta movilización transversal y unitaria: hemos consolidado una Xarxa d'Entitats per un Finançament Just compuesta por más de un centenar de asociaciones de los ámbitos empresarial, sindical, sectorial, activismo cultural, social y partidos políticos firmantes del manifiesto del 18N y que estamos coordinadas en la creación de propuestas para conseguir nuestro triple objetivo: la compensación de la deuda acumulada por el déficit en la financiación, la mejora de las inversiones en nuestro territorio y la reforma del sistema.

Así mismo, trabajamos desde una comisión organizadora conformada por CCOO-PV, UGT-PV, CEV, PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos CV que asume las decisiones y esfuerzos en las acciones más concretas de la Xarxa. A este esfuerzo organizativo y movilizador se ha invitado reiteradamente a sumarse al Partido Popular, dada su condición de firmante del manifiesto, sin que hasta el momento haya aceptado ni acabado de explicar muy bien por qué motivo no colabora para alcanzar los objetivos que han asumido al firmar esa declaración.

Hay que reconocer también algún guiño a nuestras reivindicaciones por parte del nuevo Gobierno central. Para las cuentas de la Generalitat del año próximo recuperamos 644 millones de euros en concepto de atención médica prestada a pacientes de otras comunidades autónomas y se aportan, desde el Estado, 300 millones para sufragar el sistema de dependencia valenciano, lo que supone que el Ejecutivo pasaría de financiar del 12% al 50%.

Pero son avances teóricos, porque los Presupuestos no sabemos si verán la luz, y claramente insuficientes ante la marginación y condena financiera que sufrimos en el País Valencià. No sabemos si el Gobierno de Pedro Sánchez evita abordar la transformación del modelo de financiación autonómica por la debilidad política o si lo hace desde un planteamiento electoralista, pensando en futuras citas electorales. Lo que sí sabemos es que CCOO-PV hemos decidido no ceder en la presión y que la sociedad valenciana está unida en la reclamación de una decisión que no es aplazable bajo ninguna excusa, el planteamiento de un nuevo modelo desde el Ejecutivo central.

Se acercan nuestras elecciones autonómicas y no parece posible que ningún partido pueda aspirar a lograr cuota de representación si no asume el problema de nuestra infrafinanciación y plantea alguna solución que pase por cambiar radicalmente el modelo actual. Como principal fuerza sindical del País y, como una organización más de la Xarxa d'Entitats per un Finançament Just, instamos a todas las fuerzas políticas valencianas a no debilitar esta reivindicación y también exigimos al Gobierno de Sánchez que no demore ni un día más la propuesta y el inicio de la negociación de un modelo que dé respuesta y compense esta injusticia histórica que recae sobre todo el pueblo valenciano.