Se puede pensar lo que se quiera de los británicos, por ejemplo, de su tópica excentricidad - también con respecto al continente-, pero hay algo que no puede negárseles.
Me refiero a la viveza de su Parlamento, como se ha puesto una vez más de manifiesto estos días con la derrota infligida al Gobierno de Theresa May, que pretendía mantener en secreto los dictámenes de sus expertos legales sobre el Brexit.
La oposición laborista reclamó que se pusieran a disposición de la Cámara de los Comunes antes de que ésta se pronunciara sobre el acuerdo con la Unión Europea y lo consiguió gracias el apoyo no sólo de los unionistas norirlandeses sino también de parte de los tories, que reclamaban mayor transparencia.
Esa capacidad de saltarse la disciplina de partido y seguir en cambio muchas veces lo que dicta la propia conciencia es algo que - hay que reconocerlo- da bastante envidia a quienes por desgracia estamos acostumbrados por nuestros parlamentarios a otra cosa.
Por todo ello, la primera ministra británica no va a tener nada fácil, por no decir que va a resultarle imposible, la aprobación del acuerdo al que su equipo tan trabajosamente ha llegado con Bruselas y cuyo conocimiento dio lugar ya a varias dimisiones en su equipo y a que se hable directamente de caos en el Gobierno.
Los enemigos que tiene tanto fuera como dentro de su partido, alentados por los tabloides, acusan a May de "traición" por haber cedido supuestamente demasiado a Bruselas.
Todos sabemos hoy que el referéndum sobre el Brexit lo ganaron los partidarios de la salida de la UE gracias a una campaña de desinformaciones y mentiras sobre lo fácil que sería ese proceso y sus ventajas para los británicos.
Uno está casi convencido de que si se repitiese la consulta, con lo que se ha sabido desde entonces sobre esas manipulaciones y las dificultades que entraña el proceso de separación de Europa, el resultado sería hoy diferente aunque fuera por poco margen.
Pero de momento la mayoría parlamentaria considera que sería traicionar la voluntad expresada ya por los ciudadanos como ocurrió en Irlanda cuando el Gobierno convocó una segunda consulta después de que en la primera los ciudadanos rechazaran el tratado de Lisboa.
A su vez, la Unión Europea no quiere que la salida del Reino Unido del club europeo siente un peligroso precedente, sobre todo en un momento de crecimiento de los nacionalismos y la eurofobia.
Esto explica su negativa a hacer más concesiones de las que ya ha hecho a un Reino Unido al que la UE sólo parece haberle interesado siempre como espacio de libre circulación de servicios y mercancías, pero no de personas y, por supuesto, tampoco de integración política.
