Durante las dos últimas semanas el PP se ha encontrado con un filón para atacar a Compromís por los contratos «a dedo» a Escola Valenciana durante la gestión de la izquierda desde la concejalía de Natxo Bellido para la Plaça del Llibre y también a través del departamento de María José Espuch, pareja de Ismael Vicedo, portavoz de la entidad en Alicante y vicesecretario local de la coalición. Pero una cosa es la mala praxis pública que, como ya se dijo en estas mismas páginas, debe generar explicaciones claras, depuración de responsabilidades y en su caso dimisiones; una cosa, decía, es esa crítica a la gestión en la que el PP tenía parte de razón y otra muy diferente es aprovechar las circunstancias con el único objetivo de intentar cargarse un servicio que no tiene coste y que facilitaba a muchos alicantinos aprender a usar el valenciano con la ayuda de personas que ya lo hablan como una herramienta más en su «día a día». Y todo ello con un objetivo partidista y puramente ideológico: contentar a tu propia parroquia de cara a las elecciones sin tener ningún interés por un excelente programa de voluntariado lingüístico, repito, sin apenas gasto. Alicante, precisamente, es una de las ciudades en las que más aceptación tiene esta iniciativa de Escola Valenciana. Yo mismo he sido voluntario. Pero más allá de que al PP le importe un bledo colaborar en ese servicio ciudadano, hay algo más grave. Una operación que ya lleva tiempo en marcha para acabar por la puerta de atrás con la cooficialidad del valenciano protegida por el Estatuto y la Constitución. Y eso, señores del PP, también es incumplir la ley.
