Comenzaba la legislatura con la espada de Damocles de la tasa turística cerniéndose sobre el sector y nos dirigimos hacia la recta final del mandato del Botànic con esa misma amenaza. La pirueta política realizada a última hora por el grupo parlamentario de Podemos que enmienda la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para debatir, al menos, su implantación, representa un intento a la desesperada de visibilizar su presencia y de poner en un brete a sus socios parlamentarios. La formación podemita ha hecho bandera de un gravamen finalista, cuya recaudación debe ir al sector, pero que los integrantes de ese mismo sector económico rechazan con todas sus fuerzas por las negativas consecuencias que tendría. Y de repente es cómo si a la sucursal valenciana de Pablo Iglesias se le hubisese encendido la bombilla en el último minuto para forzar de nuevo un debate que se suponía finiquitado en el actual periodo de sesiones. Coincide, además, no sé si por algún casual o no, con sus compañeros de Madrid enarbolando la bandera del impuesto sobre los préstamos hipotecarios, o con los anuncios-globos sonda del Gobierno de Sánchez sobre nuevos tipos impositivos, en sus diferentes variables. Todas ellas con evidente rechazos por parte de los directamente implicados. Y quizá, sin darnos cuenta, comprobamos cómo el interrogante que se cierne sobre la financiación del sistema actual de pensiones, una de las principales preocupaciones sociales del momento, tenga que resolverse por el impopular sistema de la creación de un impuesto especial. Hecho que sería más entendible que todo el actual conjunto de herramientas tributarias destinadas a la recaudación del mayor volumen posible de ingresos. Sin olvidarnos, además, de la lucha contra el fraude fiscal como un arma tan atractiva como necesaria y que debe hacerse efectiva.
