A pesar de los intentos de Pablo Casado por imprimir a su presidencia una pátina de nuevo tiempo que haga olvidar al electorado de las próximas elecciones generales los escándalos de corrupción en los que está sumido el Partido Popular, dos nuevos y oscuros casos han vuelto a colocar a este partido en una muy delicada situación de credibilidad democrática. Nos referimos, en primer lugar, a las investigaciones judiciales sobre el soborno del chófer de Luis Bárcenas que llevó a cabo el Ministerio de Interior de un Gobierno dirigido por Mariano Rajoy y, por otra parte, a las grabaciones en las que se puede escuchar a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, proponer a un comisario de policía actualmente en prisión la realización de informes y seguimientos que, como mínimo, supusieron una grave deslealtad con el Estado de Derecho a la espera de la calificación jurídica que la autoridad judicial competente haga al respecto.
Estos dos nuevos escándalos se unen a los numerosos procedimientos judiciales que continúan en marcha después de varios años de instrucción debido a la complejidad y ramificación de las tramas creadas que se pusieron en marcha para el aprovechamiento de los bienes públicos desde el epicentro del Partido Popular y que ha llevado al PP a ser calificado como de una asociación con los «rasgos propios de una organización delictiva» por parte de la UDEF en noviembre de 2017.
La gravedad del primer asunto, el referido al soborno del chófer de Luis Bárcenas, radica en que desde la dirección de la Policía Nacional de España se pretendió y se consiguió recabar la mayor información posible acerca del entramado financiero y societario creado por Luis Bárcenas para esconder una fortuna amasada gracias a parte del dinero negro que empresarios con adjudicaciones de Administraciones dirigidas por el Partido Popular entregaban en la sede de Génova. Además, y presuntamente, se pretendió recuperar grabaciones y documentación que Luis Bárcenas guardaba en su domicilio y que hubiesen podido acreditar la comisión de delitos por parte de miembros de la entonces cúpula del Partido Popular.
Unos años antes, cuando el Partido Popular se encontraba en la oposición, Dolores de Cospedal contrató y pagó al excomisario Villarejo bajo el eufemismo de «informes» para que hiciese todo lo posible para echar al traste las investigaciones judiciales de la trama Gürtel boicoteando acciones policiales, dando chivatazos a implicados cuyos domicilios iban a ser registrados y tratando de destruir las pruebas que estuviesen al alcance de este funcionario.
Todo ello, unido al largo historial de casos de corrupción del Partido Popular que conlleva que en la actualidad 400 cargos populares estén imputados judicialmente, nos lleva a la reflexión de la viabilidad de un partido político en el que la simiente de la corrupción y la traición a la esencia del Estado de derecho han sido su norma habitual de funcionamiento prácticamente desde su creación por José María Aznar. No estamos hablando de manzanas podridas que pueden surgir en cualquier partido político y en un momento concreto sino de planes organizados desde las direcciones regionales del PP , desde las alcaldías y desde las presidencias de varias CC AA. De ahí para abajo.
La aparición de Ciudadanos y de VOX han supuesto para el principal partido de derecha de España el primer ataque serio a su hegemonía del centro derecha español desde los tiempos de la extinta UCD. El tan cacareado éxito de José María Aznar relativo a la reunificación del centro derecha español no fue en realidad más que una compra de voluntades de dirigentes de partidos satélites regionales creados tras la desaparición de UCD, pequeñas formaciones que impedían al PP - como consecuencia de la aplicación de la Ley de D´Hont - alcanzar mayorías absolutas en elecciones autonómicas y generales. Sin embargo, con las informaciones aparecidas en los últimos años y con las investigaciones judiciales que afectan a la estructura completa del Partido Popular, el sistema democrático español podría correr un grave riesgo de pérdida de credibilidad por parte del electorado conservador que, alarmado ante la corrupción generalizada del PP, se viera abocado a dar como buenas las recetas de algún partido de corte ultranacionalista y políticas de derecha radical que han proliferado en Europa en los últimos años y que desde la aparición de Donald Trump han adquirido una cierta credibilidad.
Ha sorprendido el silencio del hasta hace pocas fechas presidente del Partido Popular y del Gobierno de España. Las grabaciones de Villarejo y Cospedal en las que Ignacio López del Hierro aseguraba que Mariano Rajoy estaba al tanto de las turbias andanzas de su secretaria general no han conllevado ninguna declaración de Rajoy sobre la veracidad o no de su conocimiento.
Por tanto, más que la desaparición por implosión, el Partido Popular se arriesga a una deriva que le haga entrar en un movimiento de lenta desaparición mientras Ciudadanos y VOX le arrebatan votos en cada elección que se celebre. Para evitarlo, debería desterrar, de manera definitiva, las costumbres de la administración franquista cuyas características aún se hacen notar en el Partido Popular.
