A la espera de la sentencia definitiva de la Manada, que pondrá a prueba de nuevo nuestra confianza en la Justicia, tan ciega ella, y tras la semanita del sainete de las hipotecas, contemplo aburrido una vez más el compadreo entre socialistas y populares para configurar un Poder Judicial y un Tribunal Supremo a la medida de ambos partidos. A ver, cómo vamos a evitar el descrédito de nuestros togados si la sospecha de partidismo está en el mismo procedimiento por el que se elige sin rubor entre conservadores y progresistas para ocupar los sillones del Poder Judicial. Sin conocer quiénes serán los vocales que le deberán votar, ya sabemos que el juez Manuel Marchena presidirá el tribunal más importante del país porque Pedro Sánchez, que anunció que no se hablaría con Pablo Casado, ya ha cerrado el asunto. Hace unos años nuestros políticos disimulaban más, pero ya no, y apenas se escuchan voces críticas de otras fuerzas menores porque también confían en picotear en el reparto. Lo que llama la atención en la actual renovación es el enfado de las asociaciones profesionales, tan discretas otros años cuando participaban en el chalaneo, tal vez porque no les han dado bola y el elegido, aunque conservador, no milita en ninguna asociación.
Escuchar de boca de un político, o de un magistrado, que la justicia en este país es independiente cuando ya sabemos a quién van a votar los miembros de un consejo que aún no han sido designados, es de un cinismo mayúsculo, insultante, una burla a Montesquieu y un ataque a la democracia.
La ironía es que nos aseguran que con esta operación de lo que se trata es de recuperar el prestigio perdido de la justicia española. Pues no sé si después del tiro en el pie de Carlos Lesmes y Luis María Díez-Picazo al Supremo y con el juicio del 1-O a la vista -rebelión si, rebelión no- la tarea se presenta más que ardua.
