A veces la crisis, coyuntural o estructural, sacude a las empresas y las obliga a recortar plantillas para evitar el cierre, o a cerrar sin más cuando el mercado se encoge mucho. Son reglas de juego del sistema, que tiene otras ventajas y los sindicatos conocen y hasta asumen. Pero una cosa es eso y otra bien distinta hacerse con activos industriales, casi siempre a bajo precio, exprimiendo al máximo su potencial sin hacer inversiones que mantengan la competitividad, hasta que, agotada la tierra, deciden irse. Estas prácticas deberían estar prohibidas, y una tarea de los gobiernos, en su función de regular los mercados y sanearlos de mala praxis, es impedirlas. La UE tiene ocasión, con el caso Alcoa, de demostrar a los ciudadanos que está ahí para defenderlos. Si no queda a la altura no podrá luego pedirles -por ejemplo en la llamada a urnas del próximo año- que crean en Europa.
