Un gesto vale más que mil palabras, aunque a veces una palabra viene a enfatizar el gesto, revelando la intención que oculta. Lo sucedido en la Sala Tercera del Tribunal Supremo en este último mes ha sido una sucesión de hechos que se explican en la última reacción del gobierno, a las veinticuatro horas de un pronunciamiento judicial, reformando lo dictaminado por el Alto Tribunal y acompañada de expresiones por parte del presidente Sánchez que tienen un gran valor para entender la decisión adoptada.
Legislar por vía de urgencia, sin haberlo hecho antes en veinte años de vigencia de una norma e inmediatamente después de que el Tribunal Supremo haya desatendido lo que de él se esperaba, después de sucederse hechos que podrían haber respondido a maniobras no del todo adecuadas al correcto funcionamiento de dicho tribunal, no parece una actuación carente de vinculación con lo acaecido y con la respuesta ofrecida por los magistrados, ajustada, pero en apariencia distinta a la que se pedía o quería. Lo acaecido en el seno del Tribunal Supremo pudo no ser tan improvisado. O, por lo menos, el gesto final introduce elementos de sospecha de cierta entidad.
La apariencia explica muchas veces los entresijos que no se quieren revelar. Y la anormalidad viene a ser la muestra más expresiva de lo desconocido, aunque puede ser intuido y se justifica con la explosión final de un Sánchez vencedor de momento y poniendo a los pies de los caballos al Tribunal Supremo. No sólo anunciando un revés inmediato, una desautorización en forma de humillación, de sometimiento, sino incluyendo una llamada expresa a manifestarse contra el Tribunal Supremo, a devaluar su papel en una suerte de advertencia del poder que se ostenta y de la capacidad de desvirtuar la función judicial si ésta no se acomoda a los intereses o instrucciones impartidas. Un aviso para navegantes que deben decidir entre la dependencia indirecta o la pérdida de autoridad moral. Aunque la guerra, que nadie se engañe, no está aquí, en la Sala Tercera, sino en otra, la Segunda. Lo sucedido con el impuesto reformado constituye daños colaterales.
El impuesto que grava las hipotecas, cuya existencia nadie ha discutido en veinte años y que todos han elevado en su cuantía y territorios, incluyendo a Podemos y PSOE, era pagado por los prestatarios hasta hace tres semanas cuando una Sección de la Sala Tercera del TS decidió modificar la jurisprudencia que interpretaba una norma confusa, pero desarrollada reglamentariamente en el sentido de que era aquel el obligado a su pago. Era entonces cuando se debió convocar un pleno, lo que nadie sabe si no se hizo por inadvertencia de la sección que iba a alterar la doctrina legal o por inactividad del presidente de la sala. Tras este hecho y dada la trascendencia de la modificación, de forma anormal por su urgencia, que no por su celebración, lógica cuando se produce una controversia que afecta, además, a otra sala, la Primera, se convocó una reunión del pleno para resolver el conflicto, el cual fue decidido en forma contraria a lo que había determinado la sección. La convocatoria del pleno para analizar la nueva tendencia jurisprudencial, teniendo en cuenta la posible anterior inadvertencia del cambio es ya, en sí misma, deudora de la duda acerca de la conducta pasiva o de resistencia de la Presidencia del TS y de la sala a lo sucedido. O se aceptaba o se actuaba como se debió hacer. Una afirmación de autoridad del TS advirtiendo que no cederá ante actuaciones incorrectas. Depurar no es posible. Menoscabar la auctoritas, sí, aunque olvidan que los gobiernos cambian, pero los tribunales permanecen.
Decidido el cambio por el Pleno, el anuncio inmediato, con llamamiento a la movilización frente al avieso Tribunal Supremo, viene a clarificar lo oscuro, la posible existencia de instrucciones o deseos al Poder Judicial y la representación del poder de quien lo tiene, de su escasa responsabilidad para respetar la división de poderes y de la absoluta displicencia en el trato a quien se considera debe someterse a los dictados de una forma de entender el sistema político que se distancia peligrosamente de los cauces y formas propios del Estado de derecho. La estética obligaba a esperar para no aparentar una agresión al Tribunal Supremo, salvo que esto fuera lo buscado una vez más en esta deriva frente populista en la que está cayendo un PSOE desnortado que está enterrando su futuro al empezar a ser irreconocible en su trasnochada versión largo caballerista.
El gobierno, que ha actuado con tanta premura, imagino que tendrá controlados los votos necesarios para que su Decreto sea convalidado. En caso contrario, en un mes, volvería a ser el obligado al pago el prestatario. De ser así, el caos sería inenarrable. El villano ya no sería el Poder Judicial, sino el Gobierno y la imagen, deplorable.
No está escrito el final de esta historia. Y en época electoral todo es posible. Tal vez tengamos más entretenimiento. Todo puede suceder cuando la política es gesto y el gesto, reto.
