En el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos existe una consideración minimalista de los principios que en ella se acordaron confederadamente.
Se vive una época de una progresiva devaluación de la vida humana, y con una escalada en el conflicto cercana al estallido de la pandemia de violencia estructural. La creciente sensación de superioridad en el ser humano sobre el prójimo produce situaciones frente a las que resulta recomendable actuar urgentemente.
La Declaración estableció hace 70 años actuar sobre el colectivo por parte de los Estados, pero dejando de lado esa prepotencia y menosprecio. Aportó equilibrio entre capital y trabajo favoreciendo una idea central: el trabajo no es una mercancía. El trabajo como pilar fundamental en la vida humana para un desarrollo equitativo de la sociedad, garantizando el medio de sustento digno y un sistema colectivo que proporcione cubrir la necesidad básica de alimentación y supervivencia en caso de contingencia. En la actualidad, el papel del Estado no ha de basarse en intereses mercantilistas y ha de regular las normas que sirvan para dirimir conflictos de intereses, permitiendo el uso de herramientas legítimas como el derecho a la libre sindicación, a la negociación colectiva y huelga.
Recordar que hace 70 años, derivado de una de las mayores tragedias de la humanidad y de degradación de la condición humana, la Declaración logra articular una propuesta coordinada en el ámbito macro que pretendía reducir la violencia estructural. Hoy en día, existen situaciones que permiten afirmar la necesidad de revitalizar estos compromisos y acordar de forma multilateral los mecanismos para combatir el evidente riesgo.
Transcender de la economía global a la democracia global supone el mayor reto de la humanidad contra los dos desafíos más acuciantes a los que hará frente la sociedad en el medio plazo (aunque, como todo, a una velocidad impredecible): el cambio climático y la digitalización.
Para ello, el derecho al trabajo, la equidad en su reparto y su impacto confiere el centro de atención. Las necesidades humanas no han variado desde el inicio de los tiempos, y la supervivencia, seguridad y desarrollo ocupan las principales preocupaciones del ser humano cualesquiera su origen, género, etnia o religión. El desarrollo equilibrado del artículo 23 de la Declaración proporciona los mecanismos para el reparto equitativo de los medios de subsistencia en cualquier comunidad. El desarrollo a corto plazo que no atienda las dimensiones social, económica y ambiental provocadas por el cambio climático estará condenado al fracaso. Todo beneficio que no sea equitativo tendría consecuencia en esa escalada del conflicto, o hacia la violencia física o hacia un impacto ambiental de consecuencias incuantificables. Y equitativo tanto en la disminución de la desigualdad entre clases y géneros como entre naciones, de ahí la multilateralidad imprescindible en la toma de decisiones.
Se cumplen 100 años del fin de la I Guerra Mundial, aniversario a lamentar, no celebrar. Algo que se justificó como «el fin de todas las guerras». Una de las consecuencias, la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Espacio tripartito (Estados-organizaciones de empleadores-organizaciones de empleados) en el que debatir sobre las normas mínimas del trabajo. En su aniversario se debate sobre el futuro del trabajo. Una de las principales conclusiones alcanzadas contempla la gobernanza de esos cambios, cómo atender el impacto de la robotización y la digitalización en el trabajo y en la forma en la que nos organizamos. Cooperar entre las tres patas que sostienen esta necesidad humana parece el único camino. Priorizar el derecho de sindicación de carácter internacionalista con propuesta y rigor en esa gobernanza. Una salida del conflicto, en el que se trabaje de forma creativa, para atender los intereses y las personas transcurre necesariamente por la valoración del trabajo tanto en la persona como en la comunidad, así como la organización colectiva de las trabajadoras y trabajadores en sindicatos de clase.
Cambia la forma de comunicarnos, la forma de producción, de consumo... sin embargo, el papel del trabajo cobra idéntica importancia en el ciclo de vida. El derecho al trabajo, igual que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables son derechos humanos. Y, como tales, han de ser tratados de forma colectiva y no individualista si nuestra intención es dignificar la vida humana. Actualmente, el retroceso en las políticas sobre migración, protección de las personas y su identidad tanto sexual como cultural, cambio climático y el proteccionismo de la economía únicamente provocan acercar la escalada de violencia hacia el clímax, devaluando la condición humana. La afloración de estas conductas solo conduce a la violencia, guerra y deshumanización.
Se precisan liderazgos que combatan estas premisas de forma cooperativa. Próximamente se celebrarán elecciones europeas, quizá sea la última oportunidad para transformar esa comunidad europea focalizada en la economía en una comunidad europea basada en la democracia. Resulta una oportunidad para decidir la dirección del cambio de modelo productivo, de consumo y social. El qué, cómo, dónde y cuánto producir de manera equilibrada (insostenible el mismo modelo económico) y situando el poder de las personas que organizadamente debaten e influyen en la toma de decisiones. Donde priorizan las necesidades de las personas a la de los mercados, cooperando en favor del desarrollo equitativo de la dignidad de las personas y los lugares donde habitan.
