La tramitación en les Corts Valencianes de una ley que respalde y proteja los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales y que formaba parte del Acord del Botànic, es un hecho. El texto, consensuado con las organizaciones LGTBI de la Comunidad Valenciana y con un amplio respaldo social, está en plena tramitación parlamentaria, pendiente del pleno de su aprobación. Un texto complejo que contempla medidas en el ámbito de la salud, de la educación, del trabajo y de la administración, entre otros, y que viene a hacer justicia con un conjunto de personas que históricamente hemos estado discriminadas. El Govern del Botánic, formado por PSPV y Compromís -con el apoyo parlamentario de Podem-, quiere que esta ley sea aprobada por unanimidad de la cámara. Una acción política loable que implica, de forma directa, el voto positivo de todos los grupos políticos representados, incluido el Partido Popular, que se ha mostrado muy crítico con la norma pese a su inequívoco carácter humanitario y dignificador. La aprobación por unanimidad es un gesto simbólico que lanzaría el mensaje a la sociedad valenciana de que la diversidad sexual, familiar y de género no puede ser motivo de ninguna discriminación. Sin duda es lo correcto.Según los diferentes debates e intervenciones de las portavoces parlamentarias del Partido Popular que he seguido, sitúan los derechos de las personas LGTBI en un nivel de inferioridad respecto de otros derechos. Ocurre, por ejemplo, con la libertad de cátedra en relación con la garantía de derechos en el ámbito educativo. ¿Seríamos capaces de imaginar la libertad de cátedra en oposición al derecho de igualdad de trato de las personas afrodescendientes, del pueblo gitano o de la mujer? La libertad de cátedra, que está garantizada en nuestro ordenamiento jurídico, no es libertad de discriminación y no está por encima de los derechos de nadie. Por la importancia que tiene esta ley en la defensa de los derechos humanos, es evidente que se impone por responsabilidad el voto positivo de todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología. No cabe, pues, otro error como el cometido en 2005 cuando el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional la modificación del Código Civil en materia de matrimonio igualitario. Tienen ahora la oportunidad de demostrar que existe, en España y en la Comunidad Valenciana, una derecha europea que respeta los derechos de todos y de todas, independientemente de su origen, etnia, religión, orientación o situación personal.
