Ya las Siete Partidas o Libro de las Leyes del Alfonso X el Sabio, en pleno siglo XIII, prestaban especial atención a la dimensión extrajudicial de los jueces, a quienes exigía, aparte de lealtad, "buena fama", que es tanto como decir que debían ser personas que concitasen un universal respeto tanto dentro como fuera de la sala de audiencias. Y es que, como en el caso de los políticos o los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la figura del juez es tan relevante para la higiene de la sociedad que no parece gratuita la exigencia de un plus moral extra-jurídico.
Viene todo esto a cuento de la polémica que se ha generado en torno a la magistrada de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, María Jesús Pérez, a la que ya se conoce como la jueza pitonisa, después de que unos periodistas descubriesen que, una vez despojada de la toga y en sus horas libres, se dedicaba a echar las cartas en un piso por el módico precio de 20 euros la "consulta". La Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial decidió por un estrecho margen, cuatro votos contra tres, archivar el expediente por actividades incompatibles con el desempeño judicial, al considerar que la única prueba del mismo, la grabación con cámara oculta realizada por los periodistas que descubrieron el caso, se había hecho de forma ilegal. Un subterfugio legal, en definitiva, que de nuevo libra a esta polémica magistrada de ser sancionada. Ya cuando ejerció en Canarias la llevaron ante la comisión después de que se supiese que en sus ratos libres se dedicaba a hacer strip-tease en el local de un amigo. Se libró porque logró convencer a los magistrados que enjuiciaban su conducta de que se trataba de un pequeño favor por el que no cobraba un euro.
Las extravagancias de la jueza son bien conocidas, desde llevarse al gato a los juzgados a fumar entre juicios en la sala, con la peregrina excusa de que no quería perder su precioso tiempo bajando a la calle. Las únicas sanciones que se le conocen se debieron a pifias como dejar en libertad a un preso sin juicio o realizar unas polémicas declaraciones contra la Ley de Violencia de Género en las que aseguraba que no valía para nada y que salpimentaba con comentarios racistas del tipo "los rumanos, si no pegan a la mujer, parece que les falta algo".
El caso es que el Estado tiene serios problemas para evaluar la salud mental y emocional de sus magistrados, a los que solo se les saca de la carrera judicial cuando su conducta en la sala ya ha dado tales escandalosas muestras de inestabilidad que se hace imposible no hacer algo al respecto. Hay ejemplos, como el juez barcelonés José Miquel López, que fue apartado por enfermedad grave después de que hubiese simulado un infarto en la sala, se pusiese a llorar durante la declaración de un testigo, impusiese penas mayores que las solicitadas por el fiscal o dejase en prisión a una mujer a la que previamente había absuelto. Como indica el magistrado Julio Martínez Zahonero, de Jueces para la Democracia, no existen instrumentos para vedar el acceso a la carrera judicial a aquellas personas con problemas de índole mental. Ni un test psicológico, ni posteriormente pruebas que evalúen la salud mental de los jueces, unas pruebas que han sido solicitadas tanto por Jueces para la Democracia como otras asociaciones profesionales. No es ningún desdoro. En los tribunales de oposiciones portugueses hay psicólogos, también en la Escuela Judicial de Francia, los griegos hacen pruebas psicológicas y en Holanda los controles y pruebas incluyen entrevistas, el análisis exhaustivo de su historial y la evaluación de sus habilidades sociales. Urge por tanto hacer algo al respecto en España.
Pero el caso de la magistrada de Lugo toca también otra cuestión, la libertad de una persona de hacer lo que le plazca en su tiempo libre. Es necesario volver por tanto a la cuestión de la "buena fama". Independientemente de la evolución de las costumbres, de la mayor laxitud social en cuestiones sexuales, cabe preguntarse si dedicarse a las "ciencias" esotéricas en su tiempo libre o exhibir su cuerpo en espectáculos de gusto controvertido es la mejor carta de presentación para un magistrado en el que se ha depositado la sagrada misión de dirimir lo que es justo y equitativo, y si esas extravagancias mantienen intacto el respeto por una figura cuyas decisiones se consideran inamovibles. Una respuesta en la que se adivina cierto tufillo corporativista, como la tomada por la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial, no contribuye precisamente a incrementar ese respeto.
