La confrontación política todo lo arrasa hasta apropiarse incluso de aquello que, por la elemental distancia entre instancias de decisión, le está vedado. La renuncia de Rajoy a cumplir con su obligación de gobernante, al endosar a la justicia el problema catalán, tuvo el efecto de generar una intensa presión pública sobre el poder del Estado que mayor sosiego necesita para cumplir con su cometido. En los últimos meses esa presión se acrecentó como efecto de la estrategia secesionistas de socavar la fiabilidad de quienes han de juzgar a sus líderes.
A ese terreno embarrado se arrojaron en plancha los dos que se disputan encabezar la derecha que Aznar pretende reunificar bajo su tutela. Rivera, que le está cogiendo el gusto a la calle, prepara movilizaciones contra los indultos meses antes de que haya sentencia, mientras Casado se radicaliza con términos gruesos en su intento de revalidar fuera del partido la dominancia que tanto le costó conquistar dentro. El gesto inútil del Gobierno hacia el secesionismo con el brazo de la Abogacía del Estado terminó por enconar el debate público en torno a dos conceptos, rebelión y sedición, que en lo jurídico, lejos de mostrarse opuestos como aparentan en la confrontación partidista, son contiguos y no pueden considerarse acusaciones leves en ningún caso.
Con esa disputa sobre la calificación de los delitos que pudieron cometer quienes encabezaron el desafío del primero de octubre de 2017 se alcanza la total invasión por la política del espacio de la justicia. Es una usurpación temeraria porque la discrepancia, cargada de complejidad, está muy viva entre quienes tienen mayor formación y práctica jurídica que aquellos que afilan las diferencias de criterio en un debate de corto alcance. Cegados unos por sus pugnas para adueñarse del territorio ideológico y otros por el afán de resistir a toda costa en la posición conquistada contra pronóstico, quienes hoy se mueven en la primera línea de los asuntos públicos han contribuido a un nuevo éxito de la estrategia independentista al haber politizado la causa sobre la que tendrá que pronunciarse el Supremo.
Como todo puede empeorar, el cerco a un Tribunal ya cuestionado se estrecha por su forma peregrina de resolver un asunto que toca a algo más sensible que lo político, la economía familiar, y da la razón a los convencidos de que la banca siempre gana. Como añadido, la resolución del Tribunal de Estrasburgo, que reconoce la vulneración del derecho de Otegui a un juez imparcial, deja en evidencia a todas las instancias judiciales que respaldaron la capacidad enjuiciar de la magistrada Murillo pese a sus reiteradas pruebas de animosidad hacia quien se sentaba en el banquillo. Esa vía nos lleva a la pregunta de quién paga los errores de la justicia y los dislates de quienes la administran. Pero esa es otra cuestión. Lo que ahora resulta inquietante es la forma en que la mala política y la justicia torpe han conseguido poner en entredicho la credibilidad de un tribunal que, sobremanera en este momento, debiera estar a resguardo de toda sospecha.
