Sucedió hace ya diez años. Me sorprendió leer en este mismo medio que el Ayuntamiento de Torrevieja, con un gobierno del PP, había adoptado el acuerdo de compatibilizarle al edil de Hacienda el cobro de la cantidad correspondiente a su dedicación exclusiva, unos 46.000 euros anuales, con el ejercicio de sus labores profesionales de abogado, administrador de fincas y agente de la propiedad inmobiliaria. Hasta tal punto que, de inmediato, no dudé en calificar tal decisión de dislate (desatino o despropósito).

Posteriormente conocí que los grupos de la oposición de Izquierda Unida y Los Verdes, hoy detentando el gobierno local, la habían recurrido por actuar, además, como gestor inmobiliario de una importante entidad financiera.

Por ello publiqué un artículo bajo la denominación de Incompatibilidades en el que aludía a la reforma introducida en la legislación local admitiéndose la figura de la dedicación parcial, considerando que su concesión se hubiese adaptado mejor al caso que nos ocupa, aunque la correlativa retribución hubiese quedado bastante mermada.

No tardó mucho en contestarme el edil «agraciado», señor Albaladejo, lanzándome una serie de improperios totalmente impertinentes, ofensivos e incluso calumniosos, simplemente por mostrar mi firme disconformidad con el aludido acuerdo y mofándose de mi situación laboral al titular su artículo: Afortunadamente jubilado.

Tampoco se hizo esperar mi réplica en el sentido de que lo estaba felizmente, de que me limité a expresar mi punto de vista, de que los políticos deben admitir las críticas a su situación o actividad pública aunque sean contrarias a sus intereses, sin responder con insultos que denotan carencias educacionales amén de falta de respeto. Terminando diciéndole que estoy felizmente jubilado de mis tareas profesionales, pero no de ejercer como ciudadano denunciando algunos despropósitos de determinados políticos. ¡Aquí terminó la polémica!

Diez años después el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratifica el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Elche que anulaba aquel acuerdo plenario sobre la concesión de la dedicación exclusiva, al no admitir que el ejercicio de las tres actividades profesionales como la de abogado, administrador de fincas y agente de la propiedad inmobiliaria puedan concebirse como marginales, por mera lógica, ya que cada una de ellas absorbe un tiempo importante, añadiendo que cuando ejercía aquellas conocía como regidor temas urbanísticos. Por lo que el señor Albaladejo cobró ilegalmente como concejal la cantidad de 184.000 euros durante los cuatro años del mandato, desde septiembre del año 2007. Como parece ser que tal fallo no ha sido recurrido en casación, ha devenido firme.

Tras lo cual, mi opinión es que el señor Albaladejo, por decencia democrática, debería haber cesado ya en sus cargos de edil y diputado nacional y devolver al Consistorio la referida cantidad cobrada ilegalmente. En caso contrario debería exigírselo la Corporación.

Para ostentar cargos de su importancia debería ser menos despótico y prepotente, más humilde y? tratar mejor a la ciudadanía que lo eligió y a la que se debe, admitiendo las críticas fundadas, sin lanzar insultos y calumnias, algo propio de quienes no tienen argumentos para defenderse. ¿Quosque tandem, señor edil y diputado, abutere patientia nostra?