Una denuncia es contarle a la Policía o a un juez lo que ha sucedido, el juez es quien decide si se pone un castigo o no a la persona que ha hecho daño a alguien y las sentencias tienen que ser obedecidas por todos». Con esta nitidez desprovista de tecnicismos legales ha redactado un tribunal de la Audiencia de Madrid una resolución en la que el perjudicado por una estafa grave es una persona con un 42% de discapacidad. Lo ha hecho para que lo entienda. En un gesto pionero y digno de elogio teniendo en cuenta lo abigarrado de la terminología judicial, y la no siempre buena pluma de los magistrados, este tribunal ha tenido la sensibilidad de acoplar su lenguaje al del damnificado para que sepa por qué y a qué se condena a la que creía el amor de su vida pero que, junto a la madre de la chica, le acabó desplumando.
Propongo que se utilice este mismo sistema para contarnos qué hay detrás de la decisión del Tribunal Supremo de convocar un pleno donde se concrete quién tiene que abonar el impuesto de las hipotecas. Y que se acuerde después de que los miembros de la sala de lo Contencioso-Administrativo expertos en la materia acordaran la semana pasada que fueran los bancos los que hicieran frente al pago del tributo y acto seguido se diera marcha atrás dejando en suspenso, no sólo la decisión, sino la propia comercialización de este producto hasta que se sepa quién acaba pagando la fiesta.
Y convendría que se aclarara cuanto antes porque,visto desde fuera, puede dar la impresión de que con la banca hemos topado y que la Justicia no es igual para todos. Y todos sabemos que eso no es así. ¿Verdad?
