La historia de las mujeres siempre ha estado, y continúa, ligada a la idea de la familia, el matrimonio y la maternidad. La historia contada desde una perspectiva patriarcal ha plagado las leyes de supuestos derechos igualitarios, igualdad formal, que como se ha demostrado más tarde en la práctica no llegaban a materializarse para las mujeres.
Cuando no se parte de la misma casilla de salida, aplicar leyes por igual a todas las personas, hace que las diferencias se agraven, consiguiendo el efecto contrario a lo que se pretendía, y alejando la igualdad material de manera irrevocable si no se toman medidas al respecto.
Es el movimiento feminista quien desde hace décadas ha conseguido ir dando pasos para materializar esos derechos para las mujeres. En España a mediados de los años 70 comenzó una auténtica revolución feminista para exigir derechos tan básicos como una ley del divorcio, despenalizar el delito de adulterio, el aborto o exigir una educación sexual. Cuestiones básicas para poner los mimbres mínimos necesarios sobre los que desarrollar un matrimonio entre iguales, con pleno consentimiento (sin vicios por estados de necesidad o imposiciones culturales, entre otros) y poder desarrollar a posteriori los derechos y obligaciones para ambos cónyuges, tanto antes, como durante y después del matrimonio.
Todas esas campañas feministas trajeron a España un atisbo de igualdad, no recogida del todo en las leyes que, si bien, proclamaban ya a partir de la Constitución del 78 que no podía haber desigualdades por razón del sexo, nunca se ocuparon de erradicar las desigualdades de base existentes entonces y ahora.
Hasta 1981 no se legalizó en España el divorcio, llegó de la mano del movimiento feminista, que lo venía reclamando desde mediados de los años 70. Fueron asociaciones como el Movimiento Democrático de Mujeres, la Asociación Española de Mujeres Separadas o la Asociación Democrática de la Mujer, quienes no reclamaban simplemente «el divorcio» sino una ley del divorcio «feminista» que recogiera las desigualdades entre hombres y mujeres y se compensaran.
El Artículo 16 de la Declaración Universal de Derecho Humanos establece que «Los hombres y las mujeres, [?] tienen derecho, [?] a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio». Reconoce por una parte la igualdad del derecho indistintamente del sexo, sin embargo no profundiza en cómo conseguir esa igualdad, cuestión que han tratado de regular diferentes leyes posteriores a la Declaración.
Todavía ahora transcurridos setenta años el sistema patriarcal destina a las mujeres a las labores de cuidado, encadenándolas a las tareas domésticas, poniendo un techo de cristal, imposible de romper si no cambiamos la educación que recibimos; una educación que silencia la verdadera historia de las mujeres, o que no reconoce nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos estando todavía el aborto recogido en nuestro código penal como delito en determinadas circunstancias, cuestiones que el movimiento feminista sigue reivindicando para que las leyes recojan medidas reales y firmes cuyo objetivo sea la igualdad real. Mención especial merece en este punto la Plataforma Feminista de Alicante, quien desde hace doce años ha mantenido viva la lucha feminista en momentos en que la conciencia social no era la actual ni el feminismo estaba tan de moda.
Sin embargo, no podemos obviar lo que ha supuesto en todo el mundo, y especialmente en España, la última explosión feminista, que protagonizó las huelgas del 8 de marzo los dos últimos años, bajo el lema «Si nosotras paramos se para el mundo»; jornadas reivindicativas en las que se colgaron delantales en los balcones de los hogares (entre otras acciones) para visualizar el trabajo reproductivo que realizan las mujeres y que sigue silenciado por el sistema. Trabajo por el que no se cobra y una carga que impide a las mujeres el acceso al mercado laboral (productivo), siendo España, según la Organización Internacional del Trabajo, el quinto país de la UE con mayor «paro» femenino, por tener que asumir mayoritariamente las tareas de cuidados y domésticas, dentro y fuera de la familia; con la feminización, además, de las profesiones dedicadas al bienestar de las personas, que siguen siendo las peor remuneradas. El pasado 6 de octubre, la Asamblea 8M estatal reunida en Gijón, decidió volver a convocar una nueva huelga feminista para el próximo 8 de marzo de 2019, una nueva jornada reivindicativa para exigir una igualdad real, para lo que es indispensable: acabar con el sistema patriarcal.
Una nueva convocatoria de huelga para que participen los movimientos feministas de todo el mundo, y acabar con la terrible contradicción de que incluso en países firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos sigan permitiendo matrimonios forzados, la venta de niñas a las que despojan de su niñez y de la posibilidad de desarrollarse como persona. Otros países, además, practican la mutilación genital femenina, que junto a los matrimonios forzados reducen a las mujeres a meros objetos de consumo, primero propiedad de la familia, y después del esposo (bastante más mayor por lo general) para quien su esposa se convierte en una esclava, en un ser totalmente ajeno a poder sentir y desarrollarse plenamente en su sexualidad y como persona.
La historia de las mujeres está escrita con ríos de sangre, pero también con mucha rebeldía y dignidad. Continúa la lucha feminista por alcanzar lo que decía Rosa Luxemburg, «un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres».
