España, un país hace años a la vanguardia mundial de la defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans e intersexuales, ha caído puestos en el top 10 de los países que más respetan la diversidad. La caída se debe, fundamentalmente, a que, durante todos los años transcurridos desde la aprobación del matrimonio igualitario, el Estado español no ha aprobado ninguna norma que reconozca nuestros derechos, ni protección específica ni atención especializada en las cuestiones que la población LGTBI necesita: salud, educación, derechos sociales o lucha contra la discriminación.
Si España se ha mantenido en ese ranking de diez países más respetuosos con la diversidad sexual, familiar y de género es por el esfuerzo de algunas autonomías, como la catalana o la navarra o la madrileña que han apostado por crear normas de carácter regional que reconocen nuestros derechos y regulan su acceso. En algunos casos, aunque se han aprobado estas normas, su cumplimiento efectivo es deficitario, como en los casos de Madrid, Galicia y Murcia, tres autonomías gobernadas por el Partido Popular.
En la Comunidad Valenciana, el gobierno del Botànic ha impulsado dos leyes, una ya aprobada del reconocimiento del derecho a la autodeterminación del género, dirigida al respeto de las identidades trans y a la regulación y desarrollo de sus derechos, y ahora, presentada este jueves en les Corts Valencianes la ley de igualdad de las personas LGTBI, con medidas en el ámbito educativo, de la salud, laborales o sociales que se reconocen desde la infancia hasta la vejez. Una ley que nace con el impulso de entidades sociales que hemos defendido su necesidad y hemos colaborado en su redacción. Un esfuerzo legislativo que, desde la Conselleria de Igualdad de la Generalitat Valenciana va a poner a la Comunitat en la vanguardia de la defensa de nuestros derechos. Desgranar la ley sería muy complicado en este espacio, pero contiene medidas esenciales tales como la formación de unidades policiales dedicadas a la lucha contra el odio, la garantía en el acceso a las técnicas de reproducción asistida de mujeres lesbianas o la prohibición de las terapias de aversión, que pretenden modificar la orientación sexual como si eso fuera posible.
En este contexto, hace imprescindible la aprobación de una ley de carácter estatal que armonice todos los textos legislativos autonómicos. La existencia de distintas regulaciones hace necesario que el Estado garantice que nuestros derechos se reconocen en todo el territorio, con independencia de donde residas. Es una cuestión de derechos humanos.
