El lehendakari Íñigo Urkullu ha insistido en la idea de reformar la Constitución para poder salir del bloqueo absoluto en que se encuentra el problema soberanista catalán. Que la Carta Magna se queda estrecha para nuestras necesidades actuales es evidente pero la cuestión esencial es la de qué cambiar y cómo hacerlo. Con el modelo del estatuto vasco en mente, Urkullu ha apuntado hacia una confederación como salida mejor para que encajen en España todas las actuales comunidades autónomas. Pues bien, la federación es ya casi un mantra que se ofrece como remedio casi único pero hasta el momento nadie ha puesto sobre la mesa los detalles de lo que sería una fórmula así, ni la federal ni la confederal.
El lehendakari, en un intento de dar pistas, ha mencionado la Unión Europea como el modelo a seguir. No podía haber elegido un ejemplo peor. Europa no es una federación, una confederación, ni nada que se le parezca. Los rifirrafes que aparecen cada vez que un Estado cree que le perjudica cualquier directriz aprobada ponen de manifiesto la debilidad del entramado común. Y la presión migratoria está convirtiendo en una utopía la propia idea de una Europa unida. Pero si hace falta referirse al caso español, lo sucedido con las euroórdenes enviadas por nuestros tribunales a Bélgica y Alemania deja en el ridículo el modelo europeo como solución a seguir. Tendremos que inventar por nuestra cuenta. Y puestos a considerar la propuesta de Urkullu, que cabe agradecer en la medida en que las ideas no sobran, no estaría nada mal, aunque fuese a título de ejercicio intelectual, el que de una vez por todas se abordase la cuestión de lo que cada unidad confederal debería abonar al Estado que tenemos ahora antes de pensar siquiera en lo que quiere recibir.
Los ejemplos de Euskadi y Cataluña son perfectos para ilustrar el alcance de lo que cabe discutir. En ambos casos, las inversiones gigantescas enviadas desde Madrid para desarrollar sus respectivos tejidos industriales se hicieron no en la época de la Segunda República ni en ningún otro momento histórico de los pocos que añoramos sino nada menos que durante la dictadura de Franco. Fueron los ministros franquistas quienes, a la hora de tomar decisiones cruciales, sacrificaron Mallorca -entre otros lugares- promoviendo la fórmula del turismo de masas arrollador para poder obtener las divisas necesarias que harían de Cataluña y el País Vasco sendos emporios económicos.
Cabe esperar, pues, que tanta riqueza recibida sea devuelta de alguna forma, y tanto sacrificio compensado también de forma proporcional. Pero esos detalles esenciales a la hora de buscar una solución federal no los he visto anunciados en ningún foro, documento, declaración, discurso o ensayo. Parece como si la superioridad económica de esas parcelas de España -incrementada de manera abusiva en Euskadi por el cupo vasco actual- hubiese venido del cielo. No es así; vino de Franco.
