Sigue la exhibición de fuegos artificiales que ha programado el Gobierno para alegrarnos la vida. Esta vez, aprovechando la celebración de sus cien días, efemérides a la que se quiso dar un realce especial con la invitación a personajes de la cultura, las finanzas y el deporte. Un contertulio mío, hombre de larga experiencia, dijo que la iniciativa gubernamental le recordaba, por una parte, a las celebraciones de Franco en el palacio de la Granja para festejar el 18 de julio y, por otra, a los encuentros entre intelectuales y estrellas de Hollywood, que propiciaba Kennedy en su corte de Camelot.
Cien días de gobernanza no dan para mucho (ni en lo bueno ni en lo malo) pero este ejecutivo de Pedro Sánchez, que está más que contento de haberse conocido, lo celebra como si fuese un hito histórico. Y pudiera acabar siéndolo porque para sorpresa general Sánchez aprovechó la cita para anunciar una reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados y senadores por delitos que no se hayan cometido en el ejercicio estricto del cargo (la mayoría). Una reforma también limitada porque no afecta al Rey, jueces, fiscales, Defensor del Pueblo, y miembros del Tribunal de Cuentas. Ni tampoco, dada la peculiar estructura del Estado, a los cargos electos de las autonomías, aunque, se supone, en este último caso, que los parlamentos regionales irían haciendo lo propio y suprimirían también los respectivos aforamientos.
El éxito de la reforma propuesta está por ver ya que para que prospere se necesita el voto favorable de 250 diputados y160 senadores. En el Congreso podría reunirlos si a los escaños de quienes apoyaron la censura a Rajoy se unen los de Ciudadanos. Y siempre que Podemos no exija una reforma constitucional más amplia que incluya hasta un referéndum sobre la forma del Estado, es decir entre Monarquía y República.
En cualquier caso, la maniobra habrá servido para dejar en entredicho al PP si bloquea la propuesta en el Senado donde tiene mayoría absoluta. Llegados a ese punto, Sánchez lo tendría fácil para presentar al PP ante la opinión pública como un partido cómplice con la corrupción y a su líder, Pablo Casado, como una persona de dudosa moral que busca el amparo de un Tribunal Supremo de mayoría conservadora para escapar de una imputación judicial en la vía ordinaria. Todo eso son maniobras para sacar réditos políticos, pero quedará pendiente una vez más una reforma a fondo de la Constitución de 1978 para adaptarla a la realidad del país.
En los cuarenta años transcurridos desde su entrada en vigor solo se acometieron dos reformas del texto. Una tuvo lugar en 1992 para adaptarlo al Tratado de Maastrich y otra en 2011 para reformar el artículo 135 en orden a consagrar la superioridad de la estabilidad presupuestaria sobre las demandas sociales. Es decir, dos modificaciones de claro contenido liberal capitalista impuestas desde Europa. La cuestión ahora es saber si la ciudadanía y quienes la representan políticamente serán capaces de cortar un traje constitucional a medida de sus necesidades. Que no son pocas.
