Todavía estamos con el corazón encogido por la muerte de un niño de Elche a manos de quienes tenían la obligación de cuidarle, protegerle y hacerle feliz. Se llamaba Aarón.

En agosto de este año, la Policía detenía en Elda a los padres de un bebé intoxicado por drogas; en septiembre y por el mismo motivo, otro ingresaba en València y elevaba a cinco la cifra de menores intoxicados en nuestra Comunidad. Pero, cuando todo ello deje de estar en los medios, nos olvidaremos, hasta el próximo suceso.

Lejos de micrófonos, cámaras y periódicos la realidad es dura. Lo sabemos bien monitores, educadores, trabajadores sociales y psicólogos municipales que trabajamos desde hace años por la prevención del maltrato infantil y la protección a niñas, niños y adolescentes (NNA). Desde el silencio, desde el desconocimiento por parte del resto de la sociedad e incluso la desacreditación de la labor llevada a cabo por los servicios sociales. ¿Cómo, si no, se hubiera dado cancha a unos padres que han montado su tenderete durante el verano ante la Dirección Territorial de Alicante, con entrevistas en los medios, acusando a la Generalitat de «robar niños»? ¿De verdad alguien puede creer que los técnicos sociales trabajamos para «robar niños»?

Cuando unos padres pierden la custodia de sus hijos es porque existen hechos y circunstancias que hacen necesaria y obligada su protección. Ni que decir tiene que sucesos tan dramáticos como el de Elche no son habituales, pero existen diversas formas de violencia, maltrato o desprotección no tan visibles, pero con gran capacidad de producir un daño terrible en sus víctimas y secuelas para toda su vida. Situaciones sobre las que se podría prevenir e intervenir más y mejor si se dispusiera de los recursos necesarios y adecuados junto a una mayor implicación de las instituciones y responsables políticos.

Sin embargo, lejos de las cámaras, los niños no son una prioridad para quienes debieran serlo, porque, ¿cómo es posible que Naciones Unidas recrimine a España la escasa inversión en políticas de infancia?, ¿o que seamos los cuartos por la cola en toda la UE en protección a menores?, ¿o que en marzo de 2018 el alcalde socialista de Paterna se negara a la apertura de un centro de menores en su municipio?, ¿o que los equipos de servicios sociales que trabajan por la infancia carezcan de los recursos necesarios?, ¿o que en toda la Comunidad Valenciana no se haya creado un centro público de menores en más de 20 años?

La Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas declara el Supremo Interés del Menor como principio básico universal para todos los Estados y su protección como un derecho fundamental. La creación por parte del actual gobierno del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil es un paso. Pero, de nada servirá si no pasa de la foto a la acción. Es necesario evaluar aciertos y errores para planificar las nuevas acciones, o conectar las diferentes políticas que se llevan a cabo para que formen parte de un programa integrado en lugar de islas incomunicadas.

Es imprescindible visibilizar la infancia, sus necesidades y carencias; dotar de los medios necesarios a los dispositivos de atención a menores; incorporar a los menores en procesos de participación para que su voz sea escuchada. Es de obligado cumplimiento que tengan garantizadas sus necesidades básicas, que crezcan en hogares donde se les quiera y se les cuide y que convivan en una sociedad donde sean una prioridad absoluta.

Porque nuestra sociedad no tendría sentido si no pudiéramos pensar, imaginar, y trabajar con la mirada puesta en el futuro. Y ese futuro es imposible, inimaginable, sin la infancia pues serán los adultos del mañana.

De modo que cualquier daño que se produce a la infancia, la vulneración de sus derechos o la privación de sus necesidades, ataca directamente a las posibilidades de futuro de nuestra sociedad.