A estas alturas de septiembre, quien más y quien menos ya ha tenido que hacer frente a los pagos desbordados de las vacaciones que siempre se unen con la vuelta al cole y los gastos que ese regreso conllevan, con lo que vamos con el bolsillo más apretado que de costumbre. No sé si será cuestión sicológica o efectiva, pero si a esa percepción le sumamos que los salarios de nuestro entorno son, de promedio, 200 euros inferiores a los del resto del Estado, y que siguen estancados, la sensación que se nos queda en el cuerpo es, de por sí, muy expresiva. Pero lejos de quedarnos con los ingresos, que están siendo los mismos, desde hace ya ni se sabe cuándo, si nos trasladamos a los gastos, la cosa pinta todavía bastante peor. Los precios de los combustibles en máximos desde hace cuatro años; las tarifas de la luz batiendo récords, semana tras semana; el gas natural que tampoco se va a quedar atrás y prepara actualizaciones en sus facturas; otros indicadores como la vivienda o los bienes de consumo también al alza, como refleja el último IPC conocido, que aglutina índices superiores al 2%, todo ello representa una percepción de números rojos en las economías domésticas. Para combatir esa sensación el Gobierno ha anunciado la suspensión del impuesto a la generación eléctrica para abaratar la electricidad, pero se me antoja que los porcentajes de los que estamos hablando, que en ningún caso llegarán a los 5 euros, son claramente insuficientes para los incrementos que los consumidores vienen soportando en los últimos meses. No extraña, con estos guarismos, que los pensionistas vengan reivindicando desde hace ya algún tiempo una actualización de sus pensiones acorde precisamente a la carestía de la vida y que su exasperación les llevara a manifestarse, con tensión incluida, a las puertas del Congreso.
