12 de septiembre de 2018
12.09.2018

Los técnicos de la Administración y la política

12.09.2018 | 00:24

El funcionario sabe que se debe al organismo en el que presta sus servicios, independientemente de los políticos que están en el equipo de gobierno

De cuando en cuando nos encontramos alguna noticia sobre el sobreseimiento, o bien la declaración de inocencia en causas judiciales donde se ha visto imputado un técnico de la Administración (ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera), en el desempeño de su trabajo como funcionario público de cualquier organismo, sobre todo de la Administración local: ayuntamientos o diputaciones. Y digo bien lo de encontrar porque no suele ser materia de páginas principales de la prensa o cabeceras de informativos. Más bien aparecen en alguna columnita suelta, perdida entre la maraña de hojas del diario, y siempre que a la vez se hable de algún político, que si no ni eso. «Good news is not news», ya se sabe. Además, no siempre se respeta el derecho de réplica, y menos el de restitución del honor perdido. Lo habitual es que al ingeniero, arquitecto o abogado en cuestión se le hayan supuesto en medios informativos varios delitos, con las consiguientes ofensas, y difamaciones si es que la acusación resulta falsa. Estas causas suelen proceder de los partidos que ejercen la oposición en estos organismos. La política de acoso y derribo al gobierno de turno suele utilizar la denuncia en los tribunales de algún acto administrativo, adjudicaciones de obras, servicios o suministros, por ejemplo. Como en estos casos siempre existe el informe del técnico correspondiente, en la persecución del político se arrastra también al funcionario. Si le sumamos la lentitud de nuestra Justicia, ya tenemos el terreno abonado para que, a pesar de su inocencia, el técnico de turno haya pasado meses e incluso años de un calvario injusto sobre su persona, su familia y su entorno. El prestigio cuesta toda una vida ganarlo y se pierde en una jugarreta de este tipo. No se entienda esta argumentación como una defensa de índole corporativa. El que la haya hecho, por supuesto que la pague. Pero, ¿cómo se devuelve al inocente el daño sufrido por estas acusaciones falsas y todo el daño que conllevan?

Cuántas veces ha sido cuestionado el trabajo del técnico por parte de los políticos, por la simple creencia de su cercanía o no a la política o a las siglas de un partido u otro. Cuántas veces el técnico ha sufrido presiones políticas para informar en uno u otro sentido. El funcionario sabe que se debe al organismo en el que presta sus servicios, independientemente de los políticos que están en el equipo de gobierno por el tiempo que dura el mandato de las urnas. Su trabajo, como reza el final de los informes que redacta, se ha de hacer siempre en base a su «leal saber y entender», y no de los intereses, a veces contrarios a la Ley o al procedimiento, de los responsables políticos. Como la dirección corresponde al equipo de gobierno, el funcionario en el desempeño de su trabajo se está jugando, en el mejor de los casos, seguir desarrollando sus tareas o bien quedarse sin contenido, en labores insustanciales o incluso denigrantes. Si, además, se le añade el peligro de que los partidos de la oposición jueguen al pim-pam-pum con la reputación del técnico por la judicialización de su política de desgaste al gobierno, pues apaga y vámonos. El de estos funcionarios es por lo tanto un trabajo que bien podía ser catalogado «de alto riesgo».

Muchos buenos ingenieros, arquitectos, abogados, han dejado la Administración por estas cosas. Otros igual de buenos están aguantando el tipo y desempeñando estas importantes labores de servicio público manteniendo el peligroso equilibrio entre la eficiencia en el trabajo y los avatares de la política. Al menos conviene comentar esto de cuando en cuando, para que, a pesar de la mala prensa que tienen los funcionarios en general, la opinión pública valore en su justa medida a quienes tienen como fin último de su carrera la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Esto pasa como mínimo por congratularse del sobreseimiento o la sentencia de inocencia del funcionario incurso en ese tipo de causas. Y en lo que toca a cada uno, ayudar a restituirle el honor perdido.

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