Con la petición de 11 años de cárcel para el doctor Eduardo Vela ha quedado visto para sentencia, hace unos días, el primer juicio celebrado en España por el masivo robo de bebés que se puso en marcha en España acabada la Guerra Civil española y que involucró a la Administración del Estado, la Iglesia Católica española y numerosos médicos y enfermeras de clínicas de toda España. Lo que empezó teniendo un ánimo de revanchismo y una clara voluntad de terminar con lo que se consideraba un cáncer para la sociedad española según el psiquiatra oficial del Franquismo, Antonio Vallejo-Nájera, es decir, el gen rojo que dominaba en la mitad de la sociedad española, esta primera intención de exterminación por imitación de las teorías nazis se terminó convirtiendo en un negocio que hizo ganar grandes cantidades de dinero a médicos y religiosas de conventos y hospitales católicos de toda España gracias a la posterior venta que se hacía de estos bebés a familias que así lo solicitaban.
Se estima que alrededor de 300.000 niños fueron arrebatados a sus madres y padres por parte de un entramado formado por jueces, registros públicos, la Iglesia Católica y determinados hospitales en un proceso que comenzando en los principios años de la dictadura continuó hasta bien entrada la democracia. A pesar del interés de los causahabientes (si se me permite la expresión) de aquellos que apoyaron el franquismo y se aprovecharon todo lo que pudieron de los vencidos por evitar que se hable de lo que pasó en España durante la mitad del siglo XX, la realidad es que la luz se ha ido adueñando poco a poco de las zonas más negras del franquismo. El gran miedo que tuvieron siempre los vencedores de la guerra civil fue que algún día los perdedores les devolvieran todos los asesinatos, torturas, violaciones de presas y demás aberraciones a los que fueron sometidos durante la dictadura. Este miedo lo inocularon a sus descendientes que, en el momento de la Transición, exigieron como condición indispensable para que la democracia pudiese reinstaurarse tras el golpe de Estado de 1936 que se aplicase un borrón y cuenta nueva a lo que había pasado. Pretender que no se hable de las víctimas del franquismo sería tan ridículo como si los familiares de los judíos asesinados salvajemente por el nazismo fueran exhortados por el actual Estado alemán a olvidarlo porque, como dice en España el presidente del Partido Popular Pablo Casado, fuesen cosas del pasado.
Seguramente nunca sabremos cuántos recién nacidos formaron parte de ese robo masivo que debió dejar pingües beneficios a los médicos y monjas sin escrúpulos que se encargaron de llevarlo a cabo, pero lo que sí se conoce ya es todo el dolor, las preguntas sin respuesta y un largo rastro de mentiras que dejó detrás de sí esta infamia. Una infamia que fue imitada por dictaduras militares de los países del Cono Sur, especialmente Chile y Argentina, que sintieron una gran admiración por el dictador Francisco Franco y que también llevaron a cabo un metódico sistema de robo de recién nacidos para dárselos a militares y personas de confianza.
Qué paradoja más miserable resulta saber que mientras la Iglesia que apoyaba a Franco pudo imponer su moral y su ideario a la sociedad española gracias al apoyo que dio «a la cruzada» durante la guerra civil, se dedicó durante años a la intermediación en la compraventa de bebés con fines lucrativos echando por tierra la dignidad del ser humano en contra, por tanto, de sus habituales llamamientos en contra del aborto o la planificación familiar.
Tal escandalosa realidad ha llevado al Defensor del Pueblo a solicitar en un informe del pasado mes de julio a los Ministerios de Justicia, Interior y de Trabajo y a la Fiscalía General del Estado un sistema ágil de investigación que permita a los afectados de los casos de bebés robados durante el franquismo saber que, como mínimo, los hechos que denuncian sean escuchados por la Administración del Estado y se ponga en marcha un mecanismo por el que las denuncias sean tenidas en cuenta como se merecen, creándose al efecto un banco de ADN nacional, otorgándose el derecho de justicia gratuita a las víctimas y organizándose una oficina de atención a la víctimas que conceda a los afectados toda la información y asistencia jurídica necesaria.
También considera imprescindible el Defensor del Pueblo español que la Iglesia Católica española abra sus archivos y colabore en el esclarecimiento de los hechos denunciados, lo que supondría facilitar la información sobre «las órdenes religiosas que atendían en los hospitales, identificando a las personas que desempeñaban sus funciones en maternidades, hospitales ,casas cuna, orfanatos o centros para madres solteras». Sólo con su colaboración, creemos nosotros, podría la Iglesia redimir, en parte, su culpa por haber sido uno de los autores materiales de la comisión de estos delitos.
Para que una sociedad avance necesita dejar atrás hechos aciagos del pasado una vez explicados y comprendida toda su extensión. No conocer tu pasado ni tus orígenes deja en suspenso cualquier acción diaria, como si vieses la vida a través de un cristal esmerilado.
