Mis reflexiones de autovía entre las dos ciudades, me permiten aventurar un análisis de cómo se aborda el urbanismo local cuando se pretende la aprobación de un Plan General de Urbanismo, y cómo se descubre que dos opciones políticas diferentes coinciden en los mismos errores de base en sus planteamientos urbanísticos.
Decía Castell: «La política urbana es un proceso político, donde se enfrentan diferentes fuerzas sociales con intereses específicos». Para la resolución del conflicto, se encomienda al ámbito de la política local su gestión bajo el paraguas de la planificación urbana como «medio de control social de orden urbano» ( Ledrut). También Castell nos dice que «hay planificación urbana en la medida en que hay previsión y voluntad de llegar a ciertos objetivos».
Pero planificación urbana y Plan de Urbanismo no son lo mismo, ya que este documento, el Plan, por lo general solo acota un dibujo de valores de suelo delatando una decisión política que no expresa cuál es su finalidad social, obviando el concepto de planificación urbana como práctica social que condicione toda operación urbanística.
El Plan General, finalmente, es un documento de apropiación de recursos y bienes comunes transformándolos en mercancía comercializable, con la única finalidad de hacer negocio, extrayendo rentas de monopolio por el sector privado.
En cualquier memoria de un Plan General y toda su parafernalia ¿alguien ha encontrado cuál es la finalidad social del Plan? ¿Cuáles son las mejoras sociales que conlleva para todos sus ciudadanos? ¿Qué medios se adoptan para realizar estas mejoras?
Tampoco será inocua la elección del equipo redactor del Plan, sin un análisis decisorio orientado a resolver un problema urbano que será de carácter ideológico.
Esta contradicción urbana descubre el verdadero problema político, añadiendo el carácter ideológico del tema de que la «planificación urbana» puede ser de «derechas» o de «izquierdas», según decida el político en la contratación de los redactores de «su» Plan General. Efectivamente, los equipos redactores los carga el diablo... ¿o los encarga? Hard y Negri consideraban que «deberíamos ver la metrópolis como una fábrica en la que se produce el bien común», en otras palabras, una fábrica donde todos trabajamos y solo unos pocos recogen las plusvalías que generamos.
Este trabajo colectivo de todo ciudadano para la ciudad produce valor turístico, inmobiliario, comercial, etcétera, y debe traducirse en derechos de propiedad colectiva y no solo individual, trasladando hoy las antiguas reivindicaciones sociales desde el ámbito de la fábrica a la ciudad... Y dice Harvey: «Todos aquellos cuyo trabajo está dedicado a producir y reproducir la ciudad tienen el derecho colectivo, no solo a disponer de lo que producen, sino también a decidir qué tipo de urbanismo se debe producir, dónde y cómo».
El Ayuntamiento de Elda, con gobierno PSOE-Compromís, está a punto de aprobar un Plan General redactado por el PP hace ya algunos años. Es un Plan de corte neoliberal sin ninguna finalidad social reconocida, propio de la alcaldesa que lo contrató, donde no existen mecanismos de recuperación de plusvalías generadas por todos los vecinos, es un trámite político de propaganda que no supone ninguna mejora social para la ciudad.
El Ayuntamiento de Novelda y su alcalde ex-UPD en coalición con el PP acaban de licitar la redacción de un Plan General por un ridículo montante económico que ofende a cualquier profesional que se precie, con la intención de contratar lo más barato. Un Plan en sí genérico, lo que significa que no se han fijado objetivos políticos ni políticas urbanas y sociales previas que definan la finalidad del Plan... ¿por ese precio...?
En ambos casos, se ha eliminado el derecho a la ciudad como bandera de lucha de los movimientos sociales al negarles el conocimiento de los objetivos pretendidos, no solo de la participación sino de la intervención en su elaboración y la imposibilidad de cualquier proceso de movilización social que incida en la formulación de políticas públicas que otorguen el derecho a reconstruir la ciudad por parte de los ciudadanos.
En ambos planes ha primado la inmediatez de contar con «algo» que se llame Plan General de Urbanismo a la mayor gloria del político de turno, contra el derecho para abordar con seriedad la complejidad de profundos cambios estructurales respecto a nuevas formas solidarias de apropiación del territorio y sus recursos, y con la finalidad de proponer otra ciudad posible más justa.
Los dos planes serán, como mínimo, ilegítimos, al perder la gente el derecho a ser dueña de su ciudad.
