Nadie dijo que gobernar un país fuese fácil, aún más si se pretende hacerlo con 84 diputados, sin un plan, y sostenido por los votos de aquellos que carecen de proyecto para España. En los últimos meses los españoles nos despertamos cada día con una nueva, y ninguna de ellas es buena, pues aquí parece que las cosas evolucionen de manera improvisada. El aumento del techo de gasto en 5 décimas es un ejemplo, con ello el Gobierno quería obtener 5.000 millones más, aumentando así el objetivo del déficit del 1,3% al 1,8%. Pero nadie tuvo en cuenta que el PP tiene capacidad de bloquearlo en el Senado. Para evitar esto, el grupo socialista presentó una proposición de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que a la sazón es orgánica y no puede alterarse mediante el decreto ley que pretendían, con lo que este plan de aumento del techo de gasto, se les queda aquí aparcado.

El asunto Cataluña, no se queda atrás, una vez roto el pacto constitucionalista del 155, hoy el radicalismo campa a sus anchas, y es Quim Torra quien dice «Nos tenemos que defender, hemos de atacar al Estado español». Todo ello en un escenario de fractura social, agresiones en la vía pública, y advertencias de Puigdemont al Ejecutivo, sobre el fin de la tregua nacida de la moción de censura, tras la que anuncia un «otoño caliente». Todo ello ante la inacción de este Gobierno, que se limita a lucir unas excelentes tragaderas. Las recientes declaraciones de Luis García Montero, poeta, catedrático de Literatura en la Universidad de Granada y nuevo director del Instituto Cervantes, contribuyen a aumentar la sensación de descontrol. Esta institución, como así se sigue diciendo en su página Web, fue creada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el exterior. Pero a su director le parece que «usar el español como marca España es un disparate».

Tampoco están saliendo bien las acciones que en materia inmigratoria se han acometido. Desde el mes de julio en el que Pedro Sánchez, ofreció puertos españoles para acoger solidariamente a los pasajeros del Aquarius, se ha pasado en agosto a la inmediata devolución a Marruecos, de los otros 116 inmigrantes que saltaron la valla. De nuevo otra rectificación para intentar recuperar el control perdido en esta materia. Sobre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera, también el caos de posturas de este Gobierno ha centrado la gestión del asunto. Pues la ministra de Justicia Dolores Delgado pasó de decir que un delito privado no seria defendido por el Estado, a buscar un despacho de abogados que le defienda de la demanda «con errores de traducción», presentada en Bélgica por el prófugo Puigdemont.

Sobre el anunciado impuesto a la banca, cuyo objetivo era recaudar 1.000 millones de euros destinados a financiar la subida de las pensiones, el Gobierno ya ha dicho que no será de carácter inmediato, y puede que finalmente sea una tasa. La negativa a publicar la lista de amnistiados fiscales, refleja otro de los bandazos de Sánchez, pues desde 2014, le afeó al Gobierno de Rajoy que no la hiciese pública, para pasar a decir desde el Congreso de los Diputados en el mes de julio, que «desgraciadamente no es posible publicarla», tema cerrado. Qué decir de aquel «convocaremos comicios cuanto antes», transformado en «agotaremos la legislatura hasta el 2020», para unos días después, escuchar a la ministra Celaá portavoz del Gobierno, matizar «No se piensa en elecciones. Pero nadie va a resistir más allá de lo razonable». Igualmente, la necesidad manifestada de desenterrar a Franco para buscar contenidos, diferencias, protagonismos y cortinas de humo da un triste e impotente acento a este Gobierno presidido por alguien, que debería aplicarse lo de aquella canción en la que el protagonista, escuchó de un arriero «que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar». Ante este panorama y el que adivinamos se avecina, quizás la mejor de las acciones que este Gobierno pueda emprender sea la de convocar elecciones.