Ha estallado el caso de los abusos sexuales de menores cometidos por sacerdotes precisamente en el país donde ese tipo de escándalos podía tener mayor repercusión mundial.
Y ha obligado al propio papa Francisco a reaccionar con una carta pública en la que afirma textualmente que «nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón». ¿Sólo pedir perdón?
Señalan quienes siguen más de cerca las cosas de la Iglesia que la dimisión del anterior Pontífice, el alemán Ratzinger, tuvo que ver sobre todo con su incapacidad de hacer frente a esos abusos, cuyo conocimiento público él mismo había tratado de impedir.
No faltaron quienes acusaron entonces a los denunciantes, víctimas en muchos casos de la pederastia de quienes tenían autoridad moral sobre ellos, de intentar minar la fe en la Iglesia como institución.
Es la táctica conocida: cuando se denuncian atropellos, la institución de la que forman parte los denunciados se cierra en banda y acusa a los acusadores de buscar sólo desprestigiarla.
Es una táctica perversa que hemos visto ya varias veces con las denuncias públicas de abusos policiales o de los cometidos por algún superior en cualquiera de los Ejércitos.
Ha habido en el caso de la Iglesia demasiada tolerancia, excesiva complacencia, si no abierta complicidad con esos delincuentes sexuales amparados por el secreto de confesión.
Pues si algo es cierto es que tales abusos, y muchos más que nunca conoceremos, sólo han sido posibles por la autoridad moral que siempre se ha atribuido la Iglesia católica.
Una autoridad de la que se han servido con demasiada frecuencia clérigos sin escrúpulos para ganarse la confianza de los más indefensos.
Parece por otro lado incomprensible que en nuestro país, la Iglesia católica, que fue, como se sabe, cómplice del régimen franquista, siga teniendo el poder que tiene en el terreno de la docencia.
Vivo parte del año en un barrio de Madrid que algunos llaman jocosamente «el Vaticano» por la cantidad de escuelas, colegios mayores y centros universitarios allí radicados.
Basta por otro lado recorrer cualquier ciudad de España para ver la fuerte presencia de la Iglesia en el campo educativo y su consiguiente contribución al adoctrinamiento de las jóvenes mentes.
Ha coincidido casualmente la noticia de los abusos sexuales de menores en Pensilvania con otra según la cual el Gobierno español se dispone por fin a hacer públicos los bienes inmatriculados por la Iglesia sin ningún tipo de control: otro tipo de abuso.
Bastaba una declaración eclesiástica y un certificado del Obispado para acreditar la titularidad eclesiástica de un edificio o un lugar, estuvieran o no dedicados a la oración.
Y así, la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba, uno de los grandes monumentos del Islam, convertido más tarde en catedral, sólo le costó a la Iglesia 30 euros. ¿Hay quien lo supere?
