La Conselleria de Educación abre, en pleno periodo vacacional de agosto, el plazo para que los centros concertados presenten proyectos sobre aulas de repaso con las que luchar contra el fracaso escolar. Educación dispone para ello de la nada despreciable cifra de 12 millones de euros. El problema es que da un plazo, siendo benevolentes, exiguo: del 23 de agosto al 6 de septiembre. Mientras, la conselleria se da un cómodo periodo de seis meses para decidir, con lo que la resolución la adoptaría a medio curso. Ante la evidente incongruencia, desde el departamento de Vicent Marzà aseguran que tomarán la decisión antes de que empiece el nuevo curso. Teniendo en cuenta que el plazo que han dado acaba el jueves 6 de septiembre y que el curso comienza el lunes 10 de septiembre, Educación solo tiene el viernes 7 de septiembre para tomar la decisión, salvo que decidan trabajar sábado y domingo. Un milagro, una broma de mal gusto o esperan que no se presente nadie y por eso resolver en un solo día. Nadie ignora que la enseñanza concertada no es santo de la devoción del conseller de Educación, quien aplica una política de recorte de aulas que nada gusta a quienes gestionan estos centros y a los padres de alumnos. Entiendo al conseller Marzà. Él considera que solo debería existir la enseñanza pública y la privada. Su postura es respetable. Como gobierna en coalición con el PSOE en el Consell y como Compromís tiene influencia en el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, deberían plantear la anulación del concierto educativo. ¿Por qué no se hace? Por interés político. No hay suficientes centros públicos para atender la demanda y son muchos los padres votantes afectados que podrían tumbar un candidato en las elecciones. Como no hay valentía para tomar esta decisión se van poniendo trabas que solo perjudican a quienes no se debería perjudicar, a los alumnos.
