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José María Asencio

Vuelva usted mañana

José María Asencio Mellado

Manteros y populismo

Las soluciones a los problemas nunca pueden ser las de desconocer la ley tolerando su vuneración. No hay justificación alguna para desatender el ordenamiento jurídico en un Estado de derecho, por mucho que a los nuevos políticos de la izquierda populista les parezca que a la ley deben anteponerse principios que ellos elevan a categorías superiores y con ello a quienes se benefician de la ilicitud por encima de los que la padecen. Desatender la ley, además de un posible delito de prevaricación cuando se trata de funcionarios públicos, revela, adicionalmente, impotencia, ausencia de criterio, así como un no oculto deseo de revertir el modelo constitucional dañándolo poco a poco, hasta reducirlo a simple norma decorativa sustituida por el «nuevo orden», viejo, caduco y experimentado fracaso.

Los manteros son hoy, aunque se quiera negar su importancia, un problema serio dado el incremento de su número. Cuando eran pocos, su incidencia no pasaba de ser meramente simbólica y no afectaban al comercio, al libre tránsito por las calles o a la seguridad ciudadana, fenómeno este ahora invertido en muchos lugares en los cuales, ante la actuación de la fuerza pública, se alzan con violencia inusitada. Incluso se consideran legitimados para ejercerla y son animados a ello.

Estuve hace pocos días en Madrid. A ciertas horas de la tarde, en plena Gran Vía, la misma acera estaba ocupada, a ambos lados, por más de doscientos manteros. El tránsito por la avenida era imposible, dejando a los peatones dos metros escasos para caminar entre las mantas esparcidas por el suelo. Y las tiendas de los alrededores sufrían una competencia ilícita que, cuando el negocio irregular era escaso, carecía de entidad, pero que hoy pasa factura cuantificable ante el hecho de que los productos ofrecidos son de precio muy inferior, aunque no sean auténticos y que, como es sabido, el negocio de los manteros, dirigido por auténticas mafias, no se olvide, no está sometido a pago alguno de impuestos o tasas. Se calcula el daño a la economía con este tipo de venta en unos seis mil millones y cuarenta mil empleos afectados.

Ver el problema solo desde la perspectiva de los vendedores ilegales no es la solución, pues se ocultan los otros: la procedencia ilegal, el origen mafioso, el coste que para las empresas regulares tiene y las molestias para los ciudadanos de ver invadidas las calles impidiendo el libre tránsito por ellas. Que la nueva izquierda en Madrid y Barcelona como ciudades más representativas, den permiso tácito a esta actividad ilegal basando su decisión, igualmente ilícita, incluso penalmente hablando, en razones humanitarias, no hace otra cosa que contribuir a la necesidad de regular la inmigración ilegal que, cuando es tal, precisa de asentarse en la economía sumergida o en negocios ilícitos.

Resulta llamativo que los ayuntamientos controlen al detalle los veladores, pintando líneas en el suelo, impidiendo cierto número de mesas para facilitar la circulación de personas y que, a su vez, permitan la instalación en la calle, de forma incontrolada, de cientos de mantas que impiden el tránsito de los peatones, sin control y sin medidas similares a las que adoptan frente a los negocios amparados por la ley. Resulta llamativo que se prohíban los establecimientos comerciales en ciertas zonas saturadas, se dice, pero que a la vez las mismas se pueblen de manteros desarrollando esa misma actividad comercial limitada. Resulta preocupante que los comerciantes paguen impuestos muy elevados y que el mismo Estado, aunque la ley se lo impida, permita actividades ilícitas que no pagan tasa alguna y que entran en competencia desleal con los legales. Resulta llamativo que la policía no actúe ante una actividad ilegal, pero que, si una mesa instalada en un velador sobrepasa unos centímetros el perímetro concedido, multen al empresario o le condenen al cierre de su negocio. Tantas contradicciones pasarán factura, pues las soluciones ideadas afectan al trato igual entre desiguales, favoreciendo al que actúa ilícitamente frente al cumplidor. No sería irrazonable que los comerciantes dejaran de pagar sus impuestos para compensar el daño o que no hicieran frente a las multas por invadir la calle. Y los ayuntamientos se enfrentarían a un problema grave si exigieran a unos lo que permiten a otros.

Es lo que sucede cuando no se impone la ley, que surge la comparación y se generan sentimientos que pueden estallar al compás del incremento de una actividad que atenta a valores que los mismos que permiten la ilegalidad, aplican con rigor a los nacionales. Porque, la no actuación de la ley produce, otra vez, un efecto llamada y un desbordamiento del problema que generará efectos serios si no se regula adecuadamente.

La solidaridad no puede ser satisfecha mediante recursos ilegales. Quienes apoyan esa ilegalidad basándose en intereses superiores, demuestran con ello falta de inteligencia y excesivo uso arbitrario del poder. Porque nadie se cree que representen la bondad cuando no dudan en perjudicar o permitir perjuicios a otros. Piensen en medidas lícitas y si no la tienen, vuelvan a pensar. Para eso les pagamos. Y si no saben, márchense. Otros vendrán que busquen soluciones antes de que el problema se vaya de las manos. ¿O es lo que quieren?

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