Con la canícula, mejora la meteorología y con ella las condiciones de navegación en el mar que los árabes llaman Romano, incrementándose así los flujos irregulares de migrantes provenientes de su ribera sur, un fenómeno que se viene observando al menos desde principios del siglo XXI, como consecuencia de la persistencia de violaciones masivas de los Derechos Humanos en múltiples estados de África y Oriente Medio, así como por la falta de oportunidades en sociedades con altos grados de desigualdad económica, mientras que Europa aparece como un ideal de estabilidad y prosperidad. En la segunda década de esta centuria, las guerras civiles en Siria e Irak supusieron un incremento notable de los movimientos de ciudadanos de estos países en su calidad de solicitantes de protección internacional. Así, algo más de un millón de refugiados que llegaron a Europa a través de los Balcanes fueron acogidos por Alemania a partir del verano 2015.

En lo que al tráfico estival de personas se refiere, este año 2018 presenta algunas diferencias con relación a años anteriores, lo que ha llevado a un aumento del número de embarcaciones precarias que intentan alcanzar la Unión Europea por el Mediterráneo occidental, ya sea por el estrecho de Gibraltar, el mar de Alborán, o incluso desde el litoral argelino, registrándose en consecuencia llegadas hasta en las costas de nuestra provincia de Alicante.

El Diario INFORMACIÓN se hacía eco en la tercera página de su edición impresa del martes 7 de agosto del avistamiento y rescate de una barca con siete migrantes a bordo a 30 millas náuticas de Benidorm, y también en su edición digital del 26 de julio se comunicaba el arribo de otras cuarenta y una personas a los puertos de Alicante, Jávea y Villajoyosa tras ser localizados y asistidos por Salvamento Marítimo, mientras que otro bote desembarcó por sí mismo en Altea. De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, no menos de 18.016 migrantes llegaron por mar a España desde Marruecos y Argelia entre enero y julio de 2018, el triple que en el mismo período de 2017, superando por poco los 17.827 que alcanzó la República Italiana desde Libia y Túnez en lo que va de año.

Varios son los factores que explican que se haya triplicado en lo que se lleva de 2018 el número de personas que alcanzan o tratan de alcanzar las playas de España, lo que no constituye en, ningún caso, un desplazamiento masivo para un país de más de cuarenta millones de habitantes, como ha venido recordando el ministro de Exteriores Josep Borrell.

En primer lugar, el denostado acuerdo UE-Turquía de marzo de 2016 redujo al mínimo la ruta del Bósforo, desplazando los flujos a los itinerarios del Mediterráneo central y occidental, inicialmente sobre todo el primero dada la condición de estado fallido de Libia. En todo caso, la ruta del canal de Sicilia ya estaba bastante transitada desde mucho antes, si se tiene presente, entre otros sucesos, el naufragio y muerte de 366 seres humanos acaecida el 3 de octubre de 2013 cerca de la isla italiana de Lampedusa.

Esta tragedia llevó entonces al gobierno socialista de Enrico Letta a poner en marcha la eficacísima operación de búsqueda y rescate Mare Nostrum, gracias a la cual se salvaron 150.000 vidas en el espacio del año en el que estuvo vigente. Desgraciadamente Roma no logró renovar este operativo al faltar el apoyo financiero del resto de Estados miembros de la Unión Europea, por lo que fue sustituido, en el otoño de 2014, por las misiones europeas Sophia y Tritón, dotadas de menos medios, un radio de acción mucho más reducido y un mandato limitado a la protección de fronteras y a la lucha contra los traficantes. Como consecuencia, la labor de complemento de los buques de las organizaciones humanitarias ha sido fundamental desde entonces para limitar las muertes en el mar.

En segundo lugar, la llegada de la ultraderecha al gobierno de Italia el 31 de mayo de 2018 ha supuesto un cierre ilegal de los puertos de este país, por lo que los barcos de las organizaciones sin ánimo de lucro se ven obligados a vagar por el Mediterráneo durante días, alejándose del teatro de operaciones donde más se les necesita, hasta que algún Estado les permite desembarcar, siendo el gobierno socialista de Pedro Sánchez el que más ha estado a la altura moral de lo que se espera de la sociedad europea. El hombre fuerte del gabinete y líder de la xenófoba Liga Norte, Matteo Salvini, ha impuesto además que se deniegue el atraque de los buques humanitarios incluso para repostar, además de dificultar el desembarco en los puertos de los rescatados por barcos mercantes y por la propia Marina Militar italiana, dar órdenes para que ésta no actúe fuera de sus aguas territoriales, y devolver náufragos a Libia, país considerado como no seguro por la Unión Europea. Todo esto vulnera flagrantemente distintas normas internacionales de Derechos Humanos, de Derecho del Mar, y de la propia UE, y lo que es más grave, está ocasionando pérdidas adicionales de vidas, lo que solo podrá frenarse si las organizaciones no gubernamentales y personas afectadas denuncian todas estas ilegalidades y actuaciones de hecho ante los tribunales de justicia de la República Italiana, sin perjuicio de las medidas que puedan tomar las instituciones comunitarias, como la apertura de una comisión de investigación por parte del Parlamento Europeo.

Siendo cierto que Italia no ha contado con apoyo suficiente por parte del resto de Europa para gestionar la llegada de no menos de 120.000 personas en 2017, es decir siete veces más que el número de migrantes que ha alcanzado España hasta julio de 2018, no lo es menos que la arbitrariedad y la vía de hecho, encima con finalidad electoralista y como mínimo poniendo a las personas en movimiento en riesgo de muerte, no es una respuesta aceptable en la comunidad de Derecho que es Europa. Máxime teniendo en cuenta que la actitud de los colegas ultraderechistas de Salvini en Varsovia y Budapest vienen bloqueando en el Consejo de la Unión Europea la adopción de un sistema permanente de cuotas estatales obligatorias de refugiados, piedra de toque de una incipiente política europea de migración y asilo de corte federal que permitiría redistribuir solicitantes de protección internacional desde Italia (y España) a otros Estados miembros. Se trata por lo demás de una puesta en común de las responsabilidades y los recursos, que se encuentra en las antípodas ideológicas del soberanismo nacionalista que jalea el vicepresidente del gobierno italiano.