En este país tan dado a ir siempre por detrás, en ocasiones a contracorriente, y donde a los políticos les encanta pasar el tiempo tejiendo y destejiendo en los asuntos públicos, tenemos un gran problema de difícil solución y nula regulación: los apartamentos dedicados ilegalmente al alquiler turístico. No es un asunto menor, ni mucho menos, porque en España, asfixiada la agricultura, desmontada la industria, pinchada la construcción, arruinada la Banca y postergada la investigación solo queda el turismo, un sector que ha tirado del país durante la travesía de la crisis y al que se paga desde la administración no persiguiendo como se debiera la competencia desleal de los apartamentos ilegales. Esta economía sumergida que permite pingües ingresos en negro a los propietarios de los pisos (hasta 5.000 euros al mes en algunos casos) vive su momento de oro gracias a plataformas globales online que hacen negocio aquí sin contribuir a cambio. Se perjudica al sector turístico, a la Hacienda pública y, por supuesto, a los vecinos. En estos momentos tan inciertos, lo peor que te puede pasar en tu edificio es que el vecino que tiene el piso cerrado se dedique a alquilarlo online por días al mejor postor. Él se lleva el dinero y el resto de los vecinos del inmueblen sufren el exceso de jovialidad de quienes están de vacaciones, los ruidos y los desperfectos en los lugares comunes. En las zonas de playa estas molestias se asumen y soportan en verano, pero en barrios que nada tienen de turísticos surgen los conflictos y el veto a los turistas. Ha pasado en Barcelona, Bilbao y Madrid, y ahora empieza en Alicante, en el barrio de Carolinas. La administración tiene que regular esta actividad del mismo modo que regula la apertura de una consulta de dentista en un edificio. Las empresas tienen derechos; los vecinos, también; y quienes actúan ilegalmente en contra de todos deben vérselas con el Derecho. No se trata de prohibir, sino de regular.
